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Acuerdo Nacional, firmado por los diputados hace 4 años, no ha sido cumplido en materia educativa

“Es hora de honrar la firma”, señala experta en educación. 

En el año 2017, los diputados de la anterior legislación, firmaron el Acuerdo Nacional entre los partidos políticos con representación legislativa de cara al Bicentenario de la República en el 2021. 

Todas las fracciones parlamentarias de ese momento apoyaron y se comprometieron con la iniciativa, que incluía una serie de acuerdos en diversas materias de relevancia nacional, como, por ejemplo, fortalecimiento del régimen municipal, de la Caja Costarricense del Seguro Social, empleo público y de una nueva reforma educativa

Precisamente, El Conocedor indagó sobre las ideas que formaron parte de la propuesta en materia de educación, con el fin de determinar si alguna de estas ha sido cumplida por esta o la anterior administración. 

Actualmente, cinco de los nueve partidos políticos que firmaron el acuerdo aún tienen representación en la Asamblea Legislativa. Se trata de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y el Frente Amplio (FA). 

Objetivos del acuerdo en materia educativa. 

Como eje de ruta, el acuerdo planteó cuatro objetivos que buscan fortalecer y renovar el sistema educativo nacional, con el fin de “que Costa Rica sea reconocida en América Latina como el país de la educación, pues la considera su bien supremo y un elemento esencial de su contrato social”. 

Estos objetivos fueron los siguientes: 

  • Convertir la educación en un instrumento ubicuo y permanente de nuestro contrato social. 
  • Posicionar la docencia como carrera de prestigio para el maestro y en cada comunidad. 
  • Lograr que cada costarricense convierta su educación en el instrumento central de su calidad de vida, movilidad social y adaptabilidad al cambio. 
  • Promover un sistema educativo –desde la educación parvularia (edad temprana) hasta la educación superior– moderno y flexible ante la dinámica del contexto

En cuanto al reconocimiento del país como líder en educación latinoamericana, actualmente los datos ubican en esa posición a Chile, seguido por Uruguay y en tercer lugar se encuentra Costa Rica, según datos de las pruebas PISA 2019.  

Sin embargo, el país se encuentra por debajo del promedio de integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Acuerdos han quedado en el olvido. 

“Acciones concretas se acordaron entre los partidos políticos que tenían representación en la Asamblea Legislativa en el año 2017, llamado el Acuerdo Nacional por el Bicentenario. Es hora de honrar la firma”, señaló la especialista en educación, Eleonora Badilla, a través de una columna de opinión en La República. 

Badilla ha sido enfática en que este acuerdo es fundamental para hacer las reformas necesarias en la educación, además de que ha habido muchos parches y a cada institución le ha tocado ver cómo hace planes remediales. 

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Justamente, el acuerdo educativo firmado por los legisladores incluye seis puntos, entre los que destacan los siguientes: 

  • Promover que la composición del CSE y su relativa independencia de los procesos del MEP y sus jerarcas sea tal que le permita enfocarse en la visión y políticas educativas de largo plazo. 
  • Crear una política de contratación de docentes por idoneidad, que incluya la definición del perfil docente según las particularidades de cada región del país, y hacerlo vinculante a partir de 2021. 
  • Promover la participación activa de las familias en el proceso educativo e impulsar a las organizaciones nacionales a comprometerse con la educación, mediante una política que permita e incentive a las organizaciones públicas y privadas para que sus empleados, que sean padres y madres de niños y adolescentes, asistan cuatro horas laborales por mes a sesiones de capacitación en crianza y educación

En cuanto al manejo de contratación docente, el Servicio Civil es el principal encargado. Sin embargo, aún no se han generado políticas públicas que promuevan la designación docente por aspectos de idoneidad y según su perfil particular. 

Según Badilla, el sistema mediante el cual se contrata al personal educativo es perverso, ya que se premia según el título que tenga la persona, es decir, no se elige según idoneidad, como lo plantea el acuerdo firmado por los congresistas. 

Además, la conformación del Consejo Superior de Educación (CSE) está muy ligada al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación Pública (MEP), lo que limita el primer acuerdo en relación a la independencia del consejo.  

En cuanto a la flexibilización, la pandemia ha evidenciado las falencias del ministerio en la adaptación a educación virtual, principalmente a inicios del año anterior.  

Finalmente, la propuesta incluía iniciativas para unificar leyes relativas a la educación, aumentar esfuerzos para integrar a personas que abandonaron el sistema educativo en procesos de capacitación técnica y, por último, promover una “educación innovadora, inclusiva y consistente con nuestros valores y cultura”. 

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