Carlos Alvarado defiende libertad de prensa: mandatario vetó ley mordaza este viernes

  • Carlos Alvarado es el segundo periodista en gobernar el país

Aunque la ley otorga un plazo de diez días hábiles, el presidente Carlos Alvarado corrió este viernes para vetar la ley aprobada en segundo debate por los diputados salientes, la cual prohibiría a la prensa informar sobre investigaciones penales de casos de corrupción o sanciones administrativas que involucren a jerarcas y funcionarios públicos. 

El Poder Ejecutivo rechazó convertir en ley los incisos d), g) y k) del artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, los cuales lesionan la labor periodística al restringir ampliamente el derecho de acceso a la información pública. 

Alvarado anticipó que vetaría la ley este jueves durante el reconocimiento realizado por el Colegio de Periodistas (Colper) por su retrato como segundo periodista que gobierna el país, luego de Otilio Ulate (1949-1953). 

“La democracia depende plenamente de la comunicación y mucho del periodismo… No habría la Costa Rica que conocemos sin el ejercicio de la comunicación y de la prensa”

expresó Alvarado al respecto.

Expediente arribó el miércoles por la noche en Casa Presidencial

A inicios de esta semana, Alvarado alegó falta de tiempo para consultar el veto con ministros y, a su vez, emitir un criterio jurídico que respaldara su decisión de rechazar parcialmente la ley, tomando en cuenta que el último día hábil del presidente es hoy viernes y el proyecto no había sido aún recibido por el Ejecutivo.

Sin embargo, a las 5:30 p.m. de este miércoles ingresó el expediente a Casa Presidencial. Así lo confirmó la secretaría del Directorio Legislativo y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte. 

Esto permitió que la jerarca llevará a cabo el proceso interno, elevando la solicitud al mandatario costarricense, quien apresuró las gestiones para vetar parcialmente la iniciativa. 

“La ley llegó ayer al final del día, eso es lo que me informan. A nosotros nos quedan dos días hábiles, vamos a correr para procurar vetarla, vamos a correr”

dijo el mandatario este jueves por la mañana en Teletica Radio. 

Este veto se da rumbo a la culminación del mandato de Alvarado como presidente de la República, quien finaliza oficialmente su período constitucional este domingo 8 de mayo al mediodía. 

Así, antes del traspaso de poderes, el mandatario costarricense debe firmar otras 20 leyes y 100 decretos. 

Inconstitucionalidad

Belisario Solano, presidente del Colper, explicó desde ayer que Alvarado vetaría parcialmente la norma aprobada el pasado 27 de abril por unanimidad en el Congreso, dado que atenta contra postulados de la Constitución Política. 

“Esto con el fin de que el tema vaya a la Sala Constitucional y eso obligaría, al menos, a la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa a enmendar los yerros que la ley tiene”

manifestó Solano. 

Asimismo, durante esta mañana, Alvarado confirmó que sería un veto por constitucionalidad durante su participación en el programa radial Hablando Claro

El expediente bajo el que se tramitó esta ley  no recibió una prórroga de plazo antes de votarse en segundo debate, por lo que el plazo para su discusión y modificación venció el pasado 1 de mayo del 2022 .

Esto quiere decir que una vez llegue el veto anunciado hoy por Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa, se deberá archivar el expediente sin la posibilidad de que las nuevas diputaciones puedan hacerle correcciones al decreto ley.

Esta ley fue impulsada por la exdiputada y ahora asesora legislativa, Carmen Chan. 

Incisos amordazan a la prensa

De acuerdo con la legislación vigente, las limitaciones, tanto en la vía penal como en la administrativa, se reducen a las fases preliminares y el expediente. Sin embargo, el proyecto 20.799 ampliaba estas restricciones al establecer que el derecho de acceso a la información pública también tendría los siguientes límites:  

  • Prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.  
  • Información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa.  
  • Información contenida en el expediente administrativo o judicial será confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado.  
  • Estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, expedientes en trámite y resoluciones administrativas. 

Para la periodista y abogada Giselle Boza, estos enunciados normativos planteados en el artículo 8 son muy amplios, lo cual da cabida a múltiples actuaciones por parte de la administración pública. 

“Podríamos decir que hay algunos casos que podrían restringirse en cuanto a su conocimiento por parte la ciudadanía, porque los incisos no solo hablan de la restricción en las fases preliminares de la investigación. Si las limitaciones son planteadas de manera tan amplia podríamos estar frente a restricciones, por ejemplo, para conocer la existencia de la investigación misma”

comentó Boza en días pasados a El Conocedor.

Estos incisos fueron incorporados el pasado 15 de marzo tras la presentación de una moción de la exdiputada Chan, ya que el texto original no incluía dichas prohibiciones para que los periodistas pudieran informar sobre casos de corrupción, o bien sobre allanamientos de funcionarios. 

Chan modificó, mediante la moción de fondo 1-137, el artículo 8, mismo que originalmente solo impedía el acceso a los secretos de Estado. Así, la Comisión de Infraestructura aprobó la propuesta antes de enviar el nuevo texto al plenario sin objeción de ningún diputado.

Dicha comisión estuvo integrada por las legisladoras fabricistas Carmen Chan y Marulin Azofeifa, los verdiblancos David Gourzong y Paola Valladares, además de María Vita Monge, de Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana (PAC); Walter Muñoz, de Integración Nacional (PIN) y el independiente, Dragos Dolanescu. 

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