¿Cómo harán los privados de libertad para ejercer su voto en las próximas elecciones?

TSE habilitará 27 juntas receptoras de votos en centros penitenciarios 

En nuestro país, la Constitución Política garantiza que todo costarricense mayor de edad que forme parte de la población penitenciaria, tenga derecho a votar

La única excepción la marcan los declarados judicialmente en estado de interdicción y los condenados cuya sentencia imponga de manera específica una suspensión del ejercicio de derechos políticos. 

Este año, para cumplir esta disposición, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitará 27 juntas receptoras de votos que funcionarán en 19 centros penitenciarios del país, el próximo domingo 6 de febrero. 

Las urnas, al igual que en el resto del territorio nacional, abrirán a las 6 a. m. y cada mesa contará con un fiscal titular y un suplente, dos auxiliares electorales, encargados de centro de votación y fiscales generales. 

En total, se registran 8.594 personas privadas de libertad que figuran en el padrón electoral para las elecciones nacionales, los cuales deben cumplir con los protocolos sanitarios establecidos en el marco de la Emergencia Sanitaria por Covid-19. 

Los lugares donde se habilitarán centros de votación son los siguientes: 

  • San José 
  • Desamparados 
  • San Sebastián 
  • Pérez Zeledón 
  • Liberia 
  • San Rafael (Alajuela) 
  • San Carlos 
  • Puntarenas 
  • Limón 
  • Pococí 
  • Cartago 
  • Heredia 
  • San Isidro (Heredia) 

La mesa de votación más grande se encuentra en el CAI Jorge Arturo Montero en Desamparados con 710 personas que podrán sufragar y la más pequeña en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Isidro de Heredia, con 17 personas empadronadas.  

Un derecho ejercido desde 1998 

Si bien desde 1949 la constitución garantiza el sufragio para los privados de libertad, fue a partir de 1998 cuando esta población pudo ejercer su voto. 

No obstante, previamente, el artículo 168 del Código Electoral (Ley n.º 1536 del 10 de diciembre de 1952) prohibía la instalación de juntas receptoras de votos en cualquier “cárcel u otro centro semejante de reclusión”. 

Esta situación entraba en conflicto directo con la regla constitucional según la cual la ley debe ofrecer garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilitará a todos los ciudadanos el ejercicio de ese derecho. 

Por esta razón, el 28 de noviembre de 1996 se presentó una norma que modificaba el artículo 168 de la siguiente manera: 

“Quienes estén habilitados para sufragar, pero se encontraren detenidos o prestando  servicios en cuarteles y cárceles, tendrán derecho a que se les permita comparecer a votar  libremente. El Tribunal Supremo de Elecciones reglamentará lo concerniente al voto en  los centros penitenciarios y el Ministerio de Justicia presentará el material logístico y apoyo  que el Tribunal requiera”. 

Con fundamento en esa norma, el primero de setiembre de 1997 el TSE promulgó el “Reglamento para el ejercicio del sufragio en los centros penitenciarios”, el cual garantizaba el cambio en favor de los reclusos. 

Cabe destacar que también pueden votar en estas juntas receptoras los funcionarios que presten sus servicios en los respectivos centros penitenciarios, así como a los exinternos que al momento de las elecciones se encuentren en libertad, pero no reportaron a tiempo su nuevo domicilio. 

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