Cuestionario FARO dejó saldo de tres renuncias y orden de Tribunal al MEP

Cuestionario de factores asociados no se aplicará en pruebas de diciembre 

Las pruebas FARO debutaron el martes 9 de noviembre, luego de que la pandemia obligara a posponerlas el año anterior. 

En los primeros tres días, las pruebas de español, matemáticas y ciencias transcurrieron con normalidad. 

Pero el viernes 12, 70.000 estudiantes de primaria aplicaron un polémico “cuestionario de factores asociados”: 621 ítems de selección única en que los estudiantes tardaron más de cuatro horas en contestar. 

La intención del Ministerio de Educación Pública (MEP) era recabar información sobre la influencia del contexto en las calificaciones del estudiantado, con la finalidad de robustecer la planificación educativa de los próximos años. 

Molestia por datos sensibles 

Además de lo extenuante que resultó contestar 620 preguntas por cuatro horas, para estudiantes de 11 y 12 años, la molestia de los padres de familia provino de que los ítems recababan datos sobre asuntos como la atención de los padres de familia al estudiante, el estado de las viviendas y la situación socioeconómica. 

Precisamente, los datos sobre la situación socioeconómica se encuentran tutelados como datos sensibles por el inciso e) del artículo 3 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales: 

Artículo 3-. (…) 
e) Datos sensibles: información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros. 

Este tipo de información podía ser recabada, pero debía contar con una autorización previa de la persona encargada del estudiante, lo cual en este caso no sucedió. 

Las réplicas del “terremoto” 

Desde el reconocimiento del error, una posible moción de censura desde la Asamblea Legislativa, tres renuncias y órdenes judiciales. Así se dieron las consecuencias: 

12 de noviembre 

  • Aplicación de cuestionario de factores asociados 
  • Molestia de familias por contenido y extensión de la prueba 
  • Denuncia mediática 

13 de noviembre 

  • Aceptación del error 
    La noche del sábado, la entonces ministra de Educación, Guiselle Cruz, envió un comunicado admitiendo el error en la extensión de la prueba y la ausencia de consentimiento por parte de las familias para suministrar los datos de condición socioeconómica.  
    Además, ordenó que, para diciembre, solo se apliquen las pruebas de español, matemáticas y ciencias. 
  • Orden de destruir pruebas 
    De igual forma, Cruz ordenó destruir los cuestionarios, para la tranquilidad de las familias de que los datos obtenidos no serían utilizados, bajo asesoría de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). 
  • Renuncia de director de Gestión y Evaluación de Calidad 
    El MEP también anunció la renuncia de Pablo Mena, en su condición de cabeza de proyecto. 
  • Apertura de Investigación 
    A pesar de la salida de Mena, la ministra Cruz, anunció que abrirán una investigación para indagar en las responsabilidades del caso. 

14 de noviembre 

  • Oposición anunció moción de censura 
    Las fracciones del PLN y PUSC anunciaron que presentarían una moción de censura este lunes, 15 de noviembre, contra la ministra Cruz. Solicitaron su renuncia, la de su viceministra y la de Consejo Superior de Educación. 
    Bancada del PIN, bloque independiente Nueva República e independientes Steller y Dolanescu, apoyaron nota de prensa. 
  • Renuncia de Ministra 
    Guiselle Cruz anuncia su renuncia como ministra de Educación. 
  • Renuncia de Viceministra 
    A la renuncia de Cruz se le unió la de la viceministra académica, Melania Brenes. 
  • Nombramiento de nuevo Ministro 
    Carlos Alvarado nombró a Steven González Castro como nuevo encargado de la cartera. González ha laborado como viceministro de Educación por dos años y medio. 

15 de noviembre 

  • Contencioso Administrativo frena destrucción de pruebas 
    El Tribunal ordena al MEP que no destruya las pruebas y que se las entregue para su resguardo confidencial y posterior devolución a las familias. 

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