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Experta sobre acceso a información: “país ha incumplido con derecho constitucional”

  • Transparentar la información como mecanismo para evitar la corrupción. 

Costa Rica ha realizado esfuerzos por convertirse en un país donde la información pública esté al alcance de todos los ciudadanos, con el fin de ser un Estado más transparente y con una población más informada. 

Según el artículo 30 de la Constitución Política, el Estado debe garantizar el acceso a información pública con fines informativos. 

Sin embargo, existen aún limitaciones que se topan las personas al momento de intentar obtener información de interés público. Algunas veces, estas surgen por errores en los sistemas de consulta y en otras oportunidades se niega directamente este derecho. 

¿Qué dicen los expertos? 

Violeta Pallavicini es profesora de la Universidad de Costa Rica y es experta en temas de acceso a información pública y transparencia institucional. El Conocedor conversó con ella y aclaró varios puntos importantes sobre la actualidad que vive el país en esta materia. 

Sobre los errores que suelen existir en las plataformas informativas públicas, Pallavicini mencionó que es importante que exista un control ciudadano que señala estas equivocaciones para controlar la calidad de los datos. 

¿Por qué hay tantos recursos de amparo presentados por falta de acceso a información pública en un país donde este se garantiza como un derecho constitucional? 

“Desde que se hizo la reforma constitucional para establecer en el artículo 30 de la  Constitución la garantía de acceso a la información, y la posterior aprobación del  Decreto Ejecutivo de transparencia y acceso a la información, se ha incumplido dicho derecho” 

señaló Pallavicini.

Además, la experta mencionó que esto sigue sucediendo porque “todavía no se ha legislado para aclarar los alcances y límites que tiene dicho derecho, dejando mucho margen discrecional a las organizaciones públicas y sus funcionarios sobre la forma de satisfacer dicho derecho”. 

Casos de corrupción y acceso a la información 

El caso de corrupción conocido como “Cochinilla” ha evidenciado la importancia de contar con instituciones que sean más transparentes y que promuevan el acceso a la información pública.  

Con el fin de evitar que sucedan más casos de este tipo, Pallavicini mencionó que organizaciones internacionales como la OCDE y el BID han señalado dos vías a seguir: 

  1. Los países hagan un mayor uso de sistemas electrónicos de compras, ya que se promueve una mayor competencia entre los oferentes y es más transparente. 
  2. Crear mecanismos que eviten la concentración de la toma de decisión sobre la adjudicación en una o unas pocas personas. 

¿Qué pasa con la información “secreta” que no es accesible? 

Existen excepciones en el derecho de acceso a la información pública. Estas son aquellas que por alguna razón se consideran “secretos de Estado”.  

Notas de interés  Convenciones colectivas

Entre esas razones posibles destacan asuntos de seguridad y defensa nacional, política económica cambiaria, relaciones internacionales y otras.  

Sin embargo, para la experta, “es necesario dejar más claros los límites a lo que se considera información clasificada o secreto de estado”, ya que puede servir como un portillo para negar el acceso a datos de interés público de una manera arbitraria. 

Lo bueno y lo no tan bueno: ¿qué nos sigue faltando? 

Para la profesora universitaria, el país ha logrado importantes avances en pro del acceso a la información pública.  

“Entre los avances está una mayor información en las páginas web de los  ministerios, instituciones autónomas y municipalidades (aunque no en todas)  sobre lo que hacen, sus presupuestos, contrataciones, etc.” 

Además, Pallavicini destacó los ejemplos del Poder Judicial y la Contraloría General de la República por sus plataformas digitales que permiten diversos tipos de consultas de información a cualquier ciudadano. 

Sin embargo, mencionó que sigue habiendo limitantes para las personas, principalmente en cuanto al manejo de estas herramientas. 

“Lo que queda por hacer es brindar más información a los ciudadanos sobre el uso de estos sistemas, así como seguir mejorando la información contenida en dichos sistemas y en las páginas institucionales de la administración pública.” 

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