Hacienda pretende gravar transacciones de criptomonedas ante poca claridad sobre su legislación

Principio de libertad permite compra y venta de criptomonedas en Costa Rica. 

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Tributación, trabaja en un plan para cobrar impuestos a las transacciones de criptomonedas en el país.  

Estos nuevos aranceles serían aplicados tanto a la compra de estas divisas mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como a la posterior venta mediante el cobro del impuesto de renta. 

Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, la institución se encuentra a la espera de una resolución que les indique el camino para poder aplicarle los respectivos cobros a este tipo de movimientos. 

A su vez, dejó claro que estas transacciones son iguales a cualquier otra y que, por lo tanto, no hay duda en que deben estar sujetas al pago de impuestos

“El hecho de que se tengan que pagar es algo que no admite la más mínima discusión. Sencillamente, el hecho generador del impuesto no está en la moneda en la que se genere la actividad y, por tanto, si se genera en dólares, en euros, en colones o en criptomonedas, igual se tendrán que pagar siempre los impuestos correspondientes”, señaló Villegas. 

¿Cómo podrían cobrarse estos tributos? 

De esta manera, el plan pretendería que, al momento de adquirir alguna criptomoneda, como bitcoin o ethereum, los usuarios deban adicionar un monto equivalente al 13% del dinero invertido, como parte del IVA

Posteriormente, en caso de obtener ganancias por una eventual venta de estos activos, la persona beneficiada tendría que pagar hasta un 15% correspondiente al impuesto de renta

Legislación en Costa Rica. 

El uso, tanto para compra como para venta, de criptomonedas es legal en Costa Rica, a pesar de no contar con una legislación específica que regule las formas de hacerlo. 

Un informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR), de este año, señala que los costarricenses están amparados en el principio de libertad, bajo los artículos 28, 45 y 46 de la Constitución Política. 

  • Artículo 28: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” 
  • Artículo 45: “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley.” 
  • Artículo 46: “Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.” 

Pese a lo anterior, el propio BCCR recuerda que este tipo de divisas no corresponden a una moneda de circulación válida en el país. Es decir, “no son activos que deban ser obligatoriamente aceptados como forma de pago por los ciudadanos”, señala el informe. 

La institución recordó que cada persona que decida incursionar en el mundo de las criptomonedas lo hace bajo su propio riesgo, ya que no existen mecanismos para legales para buscar resarcimiento en caso de sufrir la pérdida de capital producida por la volatilidad de este mercado. 

De esta manera, el BCCR mantiene un enfoque de “tolerancia vigilante” ante el inminente crecimiento de personas participando en la compra y venta de las criptomonedas. 

Criptomonedas en otros países. 

Recientemente, el Gobierno de los Estados Unidos aprobó una ley de infraestructuras que, entre varias reformas, plantea realizar un cobro a los entes o personas que estén dentro de la industria de las criptomonedas, con el fin de recaudar hasta $28.000 millones. 

El país norteamericano ha apostado a la regulación de este tipo de divisas en los últimos tiempos, ante el auge que han tenido en el mercado y el aumento en las inversiones que se han generado. 

Por otra parte, El Salvador ya cuenta con una criptomoneda, el Bitcoin, como una divisa oficial en su país, por lo que no paga impuestos por su compra y venta. Además, debe ser aceptada por cada emisor de productos y servicios del país como mecanismo de pago. 

En Costa Rica, no existen proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que busquen regular el uso de las criptomonedas. 

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