Huelga del Magisterio 1995:  los “garrotazos” al legado de Figueres 

  • Figueres sostiene que reforma a las pensiones del Magisterio era necesaria 

El 17 de julio de 1995, los centros educativos del país no recibieron a ningún estudiante después de finalizadas las vacaciones de mitad de año. 

Los pasillos de escuelas y colegios de todo el territorio nacional se apoderaron del silencio, mientras sus salones eran ocupados solo por pupitres vacíos. 

Pero, en las calles la realidad era otra…  

Durante aproximadamente un mes, decenas de docentes, agrupados en el Comité Cívico Nacional, se manifestaban y exigían a la administración Figueres Olsen la derogación de la reforma a la ley de pensiones del Magisterio. 

“Figueres, escucha, el pueblo está en lucha”, coreaban unos 300 profesores frente a la Municipalidad de San Carlos el 29 de julio de 1995. 

“¡Aquí estoy, pero en estas circunstancias es imposible hablar con ustedes!”, respondía el entonces mandatario José María Figueres Olsen, quien en aquel momento se negaba a salir por la puerta lateral del edificio municipal y asumió el riesgo de retirarse por la delantera. 

Los abucheos, silbidos y ataques no se hicieron esperar, mientras Figueres caminaba por las inmediaciones de Ciudad Quesada con el pretexto de ir a la Casa Cural a saludar al nuevo obispo de la diócesis, monseñor Ángel San Casimiro. 

Una persona incluso intentó golpearlo, pero, gracias a su escolta, no pasó a más. En ese momento, se dice que el actual candidato verdiblanco pedía a sus agentes no usar la fuerza. Sin embargo, durante la noche del 7 de agosto, su pensar fue otro. 

Esa noche el expresidente abandonó las instalaciones de Casa Presidencial en un helicóptero en medio de una trifulca entre manifestantes y cuerpos policiales. 

Y es que, un grupo de sindicatos intentaba con ímpetu ingresar a Casa Presidencial, pero el lanzamiento de gases y uso de fuerza en contra de ellos no se hizo esperar. 

Numerosos policías y unos 100 oficiales de la Fuerza Táctica Nacional, entrenados por la Policía Militarizada de Chile, rodeaban el lugar. 

Agentes vestidos de civiles arremetieron contra los sindicatos, dejando alrededor de 5 personas heridas. 

Irónicamente, Juan Diego Castro, hoy símbolo de “mano dura” en la política nacional y ministro de Seguridad en ese momento, sancionó el accionar de 11 oficiales por excesos durante los disturbios. Distinta fue la visión del expresidente. 

“Hubo un absoluto respeto por el orden, por la decencia, por la legalidad y por salvaguardar la integridad física de los costarricenses”, señalaba el exmandatario. 

Luego de varios días difíciles, el 17 de agosto de 1995 se firmó un acuerdo que dio por terminado un movimiento huelguístico, que aún hoy arrastra resentimientos del sector de educadores hacia el legado de Figueres. 

¿Cuáles son las causas? 

El despido masivo de trabajadores del sector público y el anuncio de una reforma en el régimen de pensiones ocasionó un paro nacional durante el mes de abril de 1995. Sin embargo, no fue hasta el 20 de abril de ese año que se dio una negociación entre el gobierno y el Frente de Organizaciones Magisteriales (FOM). 

“El gobierno llama al Magisterio Nacional. Nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno: el gobierno se compromete a sacar el proyecto de la Asamblea Legislativa, con tal que nosotros no participemos en el movimiento”, explicaba Mario Mondol, dirigente de la Asociación de Profesores de Secundaria. 

No obstante, la firma de un pacto entre José María Figueres y Rafael Ángel Calderón que incluía la reforma a las pensiones de los docentes, desató la molestia y el abandono de las negociaciones de los educadores.  

El FOM inició acercamientos con otros sindicatos, bajo el nombre de Comité Cívico Nacional. Así, el 30 de junio de 1995 el movimiento amenazó con no regresar a clases después de las vacaciones de medio período y exigían las siguientes demandas

  • Justicia salarial para el trabajador 
  • Dignificación del campesino 
  • Derogación de la nueva ley de pensiones 
  • No a los despidos de empleados públicos 
  • Libertad sindical como derecho constitucional 
  • Real justicia tributaria 

El 4 de julio el proyecto fue recibido por las curules. Al día siguiente, inició su discusión y, tan solo cinco días después, el 9 de julio de 1995, la Asamblea Legislativa aprobó formalmente la ley 7.531, que vino a sustituir a la ley 7.268 y, a su vez, a reformar la ley 2.248. 

La iniciativa fue dispensada de trámite parlamentario, así como de lectura, lo cual facilitó que pudiera ser procesado de manera ágil. Los principales cambios fueron los siguientes: 

  • Cambio de la figura de contribuyentes: solamente trabajadores activos y pensionados cotizarían para el régimen. 
  • Cálculo de la pensión pasó de ser el 90% del mejor salario a calcularse por el 80% del promedio de los mejores 48 salarios cotizados 
  • El mínimo de cuotas para pensionarse pasó de 360 a 400 cuotas y se modificaron las condiciones por edad y años de servicio: ya que siempre requerirán el mínimo de 240 cotizaciones para pensionarse
  • Modificación de la cotización de pensionados pasando del 7% al 10%, lo cual se estableció como una contribución progresiva a la pensión.  
  • Tope real a pensiones para no sobrepasar el salario de un catedrático de la UCR 

El rector de la Universidad Nacional, Jorge Mora, fungió como intermediario en las primeras negociales formales entre el Gobierno y los sindicatos que iniciaron el 30 de julio de 1995. 

Para el 9 de agosto, el ministro de Educación, Eduardo Doryan, presentó una propuesta para los docentes y el ministro de Trabajo, Farid Ayales, envió una agenda de negociación al Comité Cívico Nacional para llegar a un acuerdo de cese de la huelga. 

El 17 de agosto se firmó un acuerdo de fin de huelga según la propuesta del mediador Jorge Mora. El acuerdo incluyó los siguientes compromisos para el Magisterio: 

  • Reiniciar lecciones en escuelas y colegios 
  • Modificar el curso lectivo para reponer el tiempo perdido 

En cuanto al Gobierno, este se comprometió a llevar a cabo las siguientes acciones: 

  • Pagar salarios correspondientes a la ampliación del curso lectivo 
  • No sancionar a participantes de la huelga 
  • Crear una comisión de alto nivel para discutir y resolver temas de modernización agraria y el papel del agricultor, la justicia tributaria, las garantías sindicales, la ley de pensiones y las políticas salariales de los trabajadores del sector público 

Figueres se limpia las manos 

Según el sitio web del exmandatario, la reforma a las pensiones del Magisterio era necesaria, dado que el costo de transición hubiera sido mayor y, además, mantener un sistema de pensiones sin contribuyentes hubiera provocado que tuviera que ser sostenido con impuestos, debido a que los faltantes eran solventados con cargos al Presupuesto Nacional. 

“Esto aumentaba el riesgo de la sostenibilidad inmediata y futura del sistema, además, el gobierno Figueres Olsen heredaba de la administración anterior, un déficit fiscal de ¢100 mil millones, que hacía menos probable que pudiera seguirse cubriendo el faltante”, se detalla la página web. 

“La Ley de Pensiones no se derogó y hoy el Magisterio Nacional cuenta con un sistema sólido, cuyo punto de inflexión se dio en 1992, pero que en 1995 se enfrentó de manera decidida y con la certeza de que, si no se hacían en ese momento, los ajustes hubieran sido mayores y los resultados peores”, concluye. 

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