Iglesia católica considera que legalización de cannabis medicinal es un riesgo para la salud y la seguridad pública

  • Institución pide verificar incompatibilidad entre proyecto y marco legal internacional

La Iglesia católica pidió valorar los beneficios y perjuicios del proyecto de ley que legaliza el cultivo del cáñamo y el cannabis para uso industrial y medicinal. Esto porque algunas de sus disposiciones representarían un riesgo para la salud y la seguridad pública.

Según manifestaron las autoridades religiosas este lunes, pese a que el proyecto pretende promover el desarrollo socioeconómico del país, no existe una garantía de que estos cultivos permitan a pequeños productores gozar realmente de beneficios económicos.

“La producción puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales”, señala la Conferencia Episcopal.

Para el sector religioso, los monocultivos tienen implicaciones en el deterioro ambiental y la similitud entre las plantas de cáñamo y el cannabis psicoactivo propiciaría un escenario óptimo para plantaciones ilícitas, lo cual ocasionaría un cultivo descontrolado con graves daños en la salud pública, principalmente de los adolescentes.

Así, la Conferencia Episcopal invita a verificar la posible incompatibilidad entre el texto de la ley aprobada en segundo debate en la Asamblea Legislativa y aquellas prohibiciones contempladas en convenciones internacionales suscritas por el país.

“Nos parece que este aspecto obliga a una revisión a fondo de las disposiciones propuestas en el proyecto de ley al respecto”, indican.

Contrapropuesta

El presidente Carlos Alvarado aseguró que presentará ante las curules una contrapropuesta a dicha ley. Sin embargo, no precisó si se tratará de un veto parcial o total a la iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa.

“Nuestro objetivo es proponerle al Congreso una solución para que esto pueda ser ley de la República. Lo digo porque, mayoritariamente, la consulta hecha por los diputados a la Sala Constitucional tuvo que ver con un tema procedimental, pero hay varios temas de fondo”, dijo el mandatario costarricense el viernes pasado.

Alvarado tiene hasta este jueves para promulgar la Ley o bien, presentar algún tipo veto. Esto pese a que distintos grupos empresariales y militantes de su mismo partido le han solicitado que no rechace la norma, dado que aseguran que el texto es compatible con el marco de legislación internacional.

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