Inamu y MTSS pide a parlamento reconsiderar proyecto de ley contra violencia y acoso laboral

  • Violencia intrafamiliar y sexual causan anualmente la pérdida de 1,9 millones de años de vida saludable para las mujeres de todo el mundo 

Costa Rica tiene un vacío legal para regular la violencia y el acoso en el trabajo. Así lo indicó Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). 

Según Guerrero, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de saldar el vacío, sin embargo, dictaminaron negativamente el proyecto de ley (Convenio 190) que buscaba promover condiciones de trabajo dignas, igualitarias, decentes y sostenibles, además de saldar una deuda especialmente con las mujeres. 

“Datos del Poder Judicial del año 2020 reportaban más de 17 mil denuncias por casos de hostigamiento sexual en espacios laborales y en la docencia, 48 casos diarios en promedio. Con la aprobación de este proyecto de Ley, al incluir el componente de género, Costa Rica estaría sumando a la normativa existente en favor de los derechos de las mujeres trabajadoras”

señaló la también jerarca de la Condición de la Mujer. 

El Convenio 190 permitiría que la legislación nacional incluya definiciones y se adopten políticas necesarias para garantizar una protección efectiva a las víctimas de violencia y acoso en el trabajo. Por ello, el Inamu y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) solicitan reconsiderar el accionar de la Comisión de Asuntos Sociales

“El Convenio 190 es un instrumento innovador. Si Costa Rica lo aprueba, contaría con una herramienta más precisa, que permitiría abordar la problemática de la violencia y el acoso en el trabajo y situar dicha temática en la discusión nacional, en el tanto, estas manifestaciones constituyen una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente”

comentó Silvia Lara, jerarca de Trabajo. 

Internacionalmente existen instrumentos jurídicos, ratificados por Costa Rica, que regulan la problemática de la violencia, pero no necesariamente en su vinculación con el mundo del trabajo. 

“Hacemos un llamado a las diputadas y diputados del Congreso para que conozcan este proyecto en el Plenario legislativo y, con voluntad política, aprueben una normativa que le brindará seguridad jurídica a las personas trabajadoras y que permitirá avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, alcanzar la igualdad de género, promover el trabajo decente y reducir las desigualdades” 

puntualizó Guerrero.

Shauna Olney, directora del Servicio de Género, Igualdad y Diversidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dice que el Convenio es eficaz y práctico, ya que proporciona un marco claro para forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso. 

“El derecho de toda persona a un mundo de trabajo sin violencia ni acoso no se había articulado tan claramente hasta ahora en ningún tratado internacional. También se reconoce que esos comportamientos pueden constituir un incumplimiento de los derechos humanos o un abuso respecto de estos”

señaló Olney. 

El acoso laboral no es solo una forma de hostigamiento hacia la persona trabajadora, sino que es una manifestación de violencia relacionada con comportamientos y conductas que afectan la vida cotidiana tanto de la víctima como de sus familiares, su dignidad y la salud, pudiendo incluso producir desenlaces fatales como el suicidio.  

Según el IX informe del Estado de la Nación, violencias basadas en la desigualdad de género como la violencia intrafamiliar y la violencia sexual causan anualmente la pérdida de 1,9 millones de años vida saludable para las mujeres de todo el mundo.


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