Incentivos, exoneraciones y rebajos temporales para zonas francas fuera del GAM 

  • Ley está a la espera de la firma del Ejecutivo y su publicación en La Gaceta 

Esta semana el Congreso aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial (22.607), que promueve el desarrollo de zonas francas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) para generar oportunidades de empleo y encadenamientos productivos en todo el país. 

Según el texto, la nueva ley otorga incentivos, exoneraciones y rebajos temporales en el pago de cargas sociales para las empresas que se instalen en las zonas rurales, fronterizas y costeras.  

Así, durante el trámite algunos diputados mostraron su negativa a la aprobación del proyecto. Sin embargo, la más recién enmienda realizada satisfizo a las curules, lo cual llevó finalmente a su aprobación con 41 votos a favor y 1 en contra del frenteamplista José María Villalta. 

Los legisladores acordaron que los incentivos serán percibidos solamente para proyectos de inversiones nuevas, es decir, no podrán ingresar al Régimen de Zona Franca (RZF) los siguientes proyectos: 

  • Inversiones realizadas fuera del RZF, aun cuando pretendan instalarse fuera del GAM 
  • Inversiones dentro del RZF que pretendan trasladarse de ubicación 
  • Inversiones en empresas subsidiarias de otras empresas que disfruten los beneficios del RZF 

Reducciones en los montos de inversión 

Las empresas que decidan operar en las zonas periféricas bajo el RZF tendrán la oportunidad de invertir inicialmente en activos fijos, capital humano o infraestructura un mínimo de $250.000, es decir, unos ¢165 millones. 

Esto reduce el monto de inversión inicial a la mitad de lo establecido por la ley actualmente, ya que la cifra vigente es de $500.000 (¢330 millones). 

Nuevas categorías de empresas en RZF 

El proyecto de ley contempla la inclusión de nuevas categorías de empresas que se beneficien del RZF, de acuerdo con la realidad regional. En este sentido, se incorporaron los siguientes tres nuevos servicios: 

  • Salud humana (odontológica, oftalmológica y cirugía estética) 
  • Insumos (agrícolas, pecuarios y pesqueros) 
  • Parques sostenibles de aventura 

Asimismo, introduce exenciones tributarias adicionales para sectores como la agroindustria, alimentario, manufactura liviana, infraestructura turísticas y servicios, siempre y cuando, cumplan con el requisito de inversión mínima inicial de $250.000. 

Agilización de trámites y obtención de permisos 

El texto plantea una reducción en los plazos para la apertura y operación de empresas de servicios, manufactureras, industriales y comerciales en el país. Sumado a esto, la Ventanilla Única de Inversión (VUI) se introduce como un mecanismo para establecer plazos máximos que reduzcan significativamente los tiempos y costos de transacción por instalación de operaciones y, a su vez, eliminar el exceso de requisitos y trámites administrativos. 

Por ejemplo, las municipalidades tendrán un plazo de cinco días hábiles para brindar el permiso sanitario del Ministerio de Salud y el certificado de patente o licencia comercial. Asimismo, el Instituto Nacional de Seguros (INS) tendrán un día para la póliza de riesgo del trabajo y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) contará con cinco días para el certificado veterinario de operación. 

Reducciones en el pago de las cargas sociales 

Según la nueva ley, las zonas alejadas del GAM contarán con la reducción a un 1,25% en los pagos de cargas sociales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Banco Popular, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) o el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). En condiciones normales, las compañías deben cancelar a estas instituciones el equivalente al 7% de su planilla. 

La única excepción son las cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya que estas cargas sociales no serán rebajadas a estas nuevas empresas ubicadas en zonas periféricas. 

En este sentido, las empresas fuera del GAM tendrán exoneración total por cinco años del pago del 5% de los salarios mensuales a Fodesaf. Así, durante los años seis y siete pagarían un 1% y al octavo año, un 2% de los sueldos. A partir del nueve, el pago sería del 5%. 

En cuanto al fondo de trabajo administrado por el Banco Popular, las empresas deberán trasladar un 0,25% al mes sobre todas las remuneraciones durante 10 años. Actualmente, todos los demás patronos cancelan el 0,5%: 

Las empresas quedan eximidas durante cinco años del pago para financiar el IMAS, que actualmente corresponde a un 0,5% mensual de las remuneraciones totales. Según el texto, a partir del año seis hasta el año diez, el pago será de 0,25% y, a partir del año 11, 0,5%. 

La carga social del INA será solamente de 1% para las compañías ubicadas fuera del GAM y hasta el año 11 pagarían el 1,5% sobre el monto total de las planillas mensuales establecido actualmente. 

Exenciones de impuestos 

Durante los diez primeros años de operación, las empresas están libres del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del impuesto territorial y de traspaso de bienes inmuebles. Sumado a esto, están exentas de los tributos y patentes municipales por 10 años. 

Estos beneficios en cargas sociales son adicionales a los incentivos que tienen el RZF, donde las empresas están exentas de los impuestos sobre valor agregado (IVA) y de consumo sobre compras de bienes y servicios, así como de los tributos de renta y las remesas. 

Planes de conectividad y tarifas reducidas de servicios

La normativa impulsa a las autoridades competentes a incluir planes de conectividad y exhorta a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) a aplicar tarifas reducidas de agua y electricidad para estos parques. Asimismo, autoriza a las empresas administradoras fuera del GAM a generar energía renovable para autoconsumo y suministro del servicio a las empresas que se instalen en dichos sitios bajo el RZF. 

Ahora la normativa pasará al Poder Ejecutivo para su firma y posterior publicación en el diario La Gaceta.

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