Incertidumbre periodística: nueva ley amenaza libertad de prensa costarricense 

  • Proyecto de ley aún no llega a manos del Poder Ejecutivo

Costa Rica es actualmente el país líder en el continente, y el octavo en el mundo, en respetar los principios de libertad de prensa y libertad de expresión. 

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 realizada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), la nación costarricense es una excepción en América al ubicarse por encima de países como Estados Unidos y Argentina, que se ubican en los puestos 42 y 49 del ranking de 180 países y territorios del mundo. 

Incluso a nivel centroamericano, Costa Rica es seguido por Belice (puesto 47), Panamá (puesto 74) y El Salvador (puesto 112). 

Así, el país obtuvo una calificación de 85,9 de 100, pero cayó tres posiciones con respecto a la edición del 2021, dado que entonces se ubicaba en el quinto lugar. 

El estudio destaca que actualmente los periodistas costarricenses puedan ejercer sin obstáculos y dentro de un marco jurídico sólido en una región carcomida por la corrupción, la inseguridad y la violencia cotidiana contra la prensa. 

Sin embargo, esa interferencia nula en el trabajo de la prensa y la protección del periodismo por parte de la legislación nacional que resalta el análisis presentado por RSF podría cambiar en el panorama mediático del país en los próximos días. 

Incisos amordazan a la prensa 

La semana anterior los legisladores salientes aprobaron en segundo debate una ley impulsada por la exdiputada Carmen Chan que mejora el acceso a la información pública. Paradójicamente, también impide a los periodistas informar sobre investigaciones penales de casos de corrupción o sanciones administrativas que involucren a jerarcas y funcionarios públicos, como los conocidos Cementazo, Cochinilla o Diamante. 

Giselle Boza, abogada y periodista, explica que la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia tiene restricciones para la libertad de prensa, de expresión y, en general, para el acceso de la información, ya que contiene incisos que limitan el acceso a procedimientos administrativos y penales. 

“Podríamos decir que hay algunos casos que podrían restringirse en cuanto a su conocimiento por parte la ciudadanía, porque los incisos no solo hablan de la restricción en las fases preliminares de la investigación. Si las limitaciones son planteadas de manera tan amplia podríamos estar frente a restricciones, por ejemplo, para conocer la existencia de la investigación misma”

comenta Boza. 

La legislación vigente establece como limitaciones, tanto en la vía penal como en la administrativa, las fases preliminares y el expediente. Sin embargo, el proyecto 20.799 vendría a ampliar estas restricciones al establecer que el derecho de acceso a la información pública también tendría los siguientes límites: 

  • Prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 
  • Información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa. 
  • Información contenida en el expediente administrativo o judicial será confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado. 
  • Estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, expedientes en trámite y resoluciones administrativas. 

Para la también asesora del Consejo del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi-UCR), estos enunciados normativos planteados en el artículo 8 son muy amplios, lo cual da cabida a múltiples actuaciones por parte de la administración pública. 

“El problema es que las normas son tan abiertas y tan amplias que podría dar lugar a que, a la hora de interpretarlas y aplicarlas, se apliquen con miras a restringir la información y no a ampliar el acceso” 

sintetiza Boza.

Colper, Iplex, Defensoría y Congreso exigen veto parcial a la ley 

El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) emitió el viernes anterior un comunicado donde solicita vetar parcialmente el proyecto de ley, ya que los incisos mencionados “son desproporcionados y van en contra de lo dispuesto en la Constitución Política, las convenciones internacionales y los fallos reiterados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional”. 

En esta misma línea, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) externó que, si algún mandatario costarricense no veta la ley, presentará en conjunto con el Colper una acción de inconstitucionalidad. 

De acuerdo con Boza, la jurisprudencia constitucional de la Sala IV ha sido muy garantista y ante las restricciones mayores que establece la nueva ley, podrían, eventualmente, el artículo 8 y sus incisos estar viciados de inconstitucionalidad. 

Por su parte, la actual defensora de los habitantes, Catalina Crespo, señaló que estudiarán las posibilidades de presentar un recurso de amparo en contra de la iniciativa, debido a su cuestionada legalidad frente a acuerdos internacionales. 

La especialista comenta que, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho de acceso a la información como parte del artículo 13 de la Convención, Costa Rica está obligado a garantizar el derecho a la libertad de expresión a través de normas que lo amplíen y fortalezcan, y no que lo debiliten. 

“La aspiración de un nuevo marco normativo era que fuera mucho más garantista que la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero yo pienso que, sobre todo el articulo 8, nos queda debiendo en más garantías al establecer más limitaciones”

sintetiza. 

Asimismo, diputados como Eli Feinzaig, del Liberal Progresista, Jonathan Acuña, del Frente Amplio, y María Marta Carballo, de Unidad Social Cristiana han manifestado su rechazo al proyecto de ley y también piden su veto. 

Para la periodista y abogada, dentro de la institucionalidad costarricense existen vías y mecanismos suficientes para la tutela y modificación de las debilidades en el acceso a la información que introduce esta nueva ley. 

“Creo que hay una buena voluntad del legislador, es un marco normativo que tiene aspectos importantes y que es un asunto que fácilmente puede ser resuelto y que no afectaría en esa posición que tiene el país como líder en América Latina en materia de libertad de prensa. Sin embargo, si a la hora de aplicar un marco normativo restringimos el acceso sin que esa limitación esté entre los supuestos racionales que limitan el acceso a la información, me parece que podría haber algún tipo de retroceso”

señala. 

Veto en manos de Alvarado o Chaves

Tras haber sido aprobado en segundo debate, ahora el proyecto está a la espera de la firma del presidente para convertirse oficialmente en Ley una vez sea publicada. 

Sin embargo, la Dirección de la Secretaría del Directorio Legislativo confirmó que el expediente sigue en el Congreso, debido a demoras con el proceso de firmas de exdiputados que requiere para su envío al Poder Ejecutivo. 

En este sentido, la ley podría ser vetada una vez llegue a Casa Presidencial en un plazo de 10 días por el presidente saliente Carlos Alvarado. No obstante, el actual mandatario considera difícil que le corresponda firmar o vetar la ley. 

“Nosotros ya estamos, el domingo, entregando la banda (presidencial). Depende de los tiempos. Creo que es algo que corresponderá a la siguiente administración” 

expresó Alvarado el lunes.

Así, si Alvarado no firma o veta la iniciativa antes de este domingo 8 de mayo, será responsabilidad del presidente electo Rodrigo Chaves, quien aseguró este martes que esperará a asumir el cargo para tomar una decisión al respecto. 

“Me restan cinco días para asumir, el presidente en ejercicio es Carlos Alvarado, voy a permitir que tome una decisión. Una vez que él haya tomado su decisión, yo tomaré la mía”

manifestó Chaves. 

Según el próximo mandatario costarricense, él analizará el tema según resuelva o deje pendiente Alvarado, pero siempre tutelando la libertad de prensa y la privacidad y dignidad de las personas. 

En caso de que Alvarado o Chaves veten el proyecto de ley, este sería devuelto a la Asamblea Legislativa donde la iniciativa tendría las siguientes tres posibilidades: 

  1. Acoger las observaciones del Poder Ejecutivo 
  1. Archivar el proyecto, dejando al país sin ley sobre el acceso a la información 
  1. Aprobar el proyecto sin cambios 

Otras debilidades del proyecto 

De acuerdo con la especialista en derecho y comunicación, el texto tiene ciertas debilidades como la omisión de las obligaciones de sujetos de derecho privado que manejan información pública y que no necesariamente ejercen competencias públicas. 

“Mucha información está en manos de empresas que no son sujetos de derecho público y no custodian bienes o servicios de la administración pública, pero sí manejan información de relevancia pública y yo creo que el concepto de información pública se queda corto en este marco normativo”

explica Boza. 

La periodista agrega como otra debilidad la no inclusión de la obligación a los partidos políticos bajo el principio de transparencia. Además, Boza considera que el régimen sancionatorio no es específico, dado que remite a los reglamentos de organización y de servicio de cada institución, lo cual deberá resolver de una manera determinada. 

Puntos a favor del marco normativo

Para Boza, la ley fortalece en principio el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, porque representa un marco normativo de acceso a la información que el país necesitaba desde hace un tiempo atrás, dado que no contaba con una legislación en este tema.  

“A pesar de que tenemos una jurisprudencia constitucional muy garantista, era necesario contar con una legislación que estableciera procedimientos, plazos, pero, sobre todo, un régimen sancionatorio a efectos de que entráramos en la línea de cambiar la cultura institucional de opacidad y abonar en términos de transparencia”

explica. 

Más allá de las limitantes que afectarían la labor periodística, el proyecto plantea una reducción en los plazos que tienen las instituciones públicas para brindar información a la prensa. Anteriormente eran 10 días hábiles, pero la nueva iniciativa propone un máximo de 48 horas para periodista y cinco días para personas físicas o jurídicas. 

“El plazo se podrá prorrogar por una única vez, y hasta por un máximo de cinco días hábiles adicionales, por la complejidad del contenido de la solicitud. El sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo señalado, los motivos y las razones por los cuales hará uso de la prórroga”

agrega el texto. 

Asimismo, la periodista y abogada contempla dentro de sus beneficios la obligación en la administración central y descentralizada, así como los sujetos de derecho privado que ejercen algunas competencias públicas y que, además, administran, explotan o custodian bienes o servicios de la administración pública. 

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