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Las consecuencias del Caso Cochinilla a dos meses de su aparición en la agenda pública

  • Investigación ha derivado en medidas cautelares y hasta prisión para algunos implicados del caso. 

Desde que el caso de corrupción conocido como “Cochinilla” se dio a conocer, ha sido el tema más habitual en la agenda de los medios de comunicación. 

Y no es para menos. En un caso en el que empresas privadas, instituciones públicas, miembros del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa parecen estar involucrados y en el que cientos de millones de dólares de las arcas públicas están en juego, resulta lógica una cobertura mediática de esta magnitud. 

Aún siguen apareciendo nuevos involucrados y evidencias de lo que apunta a ser una red de corrupción que les facilitaba licitaciones a las empresas MECO, H Solís y otras compañías relacionadas a estas. 

Por eso, a continuación, recapitularemos las consecuencias que ha dejado el caso, tras dos meses desde su irrupción en la agenda pública. 

Situación actual de los implicados 

De las 30 personas detenidas tras la denuncia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solo los dueños de las compañías involucradas, Mélida Solís y Carlos Cerdas, se encuentran cumpliendo 4 meses de prisión preventiva. 

Los jerarcas de H Solís y MECO, llegaron a tener libertad bajo fianza, pero los Tribunales de Justicia anularon la resolución que les permitió salir y actualmente descuentan el tiempo en prisión. 

Otro implicado, Tobías Arce, quien supuestamente fungía como intermediario entre las empresas privadas y Conavi, se encuentra en libertad, pero con grillete electrónico. 

La mayoría del resto de involucrados están en libertad, pero con medidas cautelares que les imposibilita salir del país y les obliga a firmar una vez al mes mientras se realiza la investigación, así como la suspensión temporal de sus trabajos, en caso de los servidores públicos. 

Contratos suspendidos y sanciones 

Otra consecuencia que nos ha dejado este caso es la cancelación de contratos. El 25 de junio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, anunció la suspensión de 22 ligámenes tanto con MECO como con H. Solís por motivos de “transparencia”. 

Además, el 19 de julio, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) acordó anular dos contratos millonarios. El primero para la ampliación de la radial Lindora por $14 millones, adjudicado a H Solís. Mientras que el segunda era para la reconstrucción del viejo puente sobre el río Virilla, mismo que iba a ser realizado por MECO por $18 millones. 

Por otra parte, tanto MECO como H Solís fueron inhabilitadas de participar en procesos de licitación. De esta manera, no podrán firmar contratos con el Estado al menos durante cuatro meses, según una disposición del Poder Judicial. 

Esta medida es adicional a la que emitió el MOPT para suspender los contratos activos. 

Licitaciones en activo 

Una de las consecuencias producto de las suspensiones a estos contratos, es que muchas vías nacionales, previamente adjudicadas a ambas empresas, quedaron sin mantenimiento por tiempo indefinido. 

Notas de interés  ¿Cuáles son los posibles delitos y penas en el caso de corrupción “Cochinilla”?

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció que sacará nuevos contratos de licitación pública para darle mantenimiento a unos 7 mil kilómetros de rutas nacionales. 

Otra de los cuestionamientos que se le han señalado a ambas empresas es la disposición a finalizar los procesos de contratación activos de la mejor manera. 

Por ejemplo, según informó CRHoy, la empresa H. Solís retiró gran cantidad de maquinaria del proyecto Lima-Cartago en el que se debe realizar un paso a desnivel, tan solo siete meses después de haber iniciado las obras. Actualmente, solo habría un tractor y una cuadrilla de 25 personas. 

Ante los cuestionamientos la empresa encargada comunicó lo siguiente: “se ha contemplado alguna variación producto de las afectaciones climáticas propias de la época, lo que puede causar, en algunos casos, la disminución de horas de trabajo en el proyecto”. 

Supuestas nuevas evidencias 

En los últimos días, se dio a conocer que ciertos documentos que podrían tener relación con el caso Cochinilla fueron encontrados enterrados en una propiedad del cementerio de Grecia.  

Se cree que entre estos archivos se encuentran facturas y contratos que se habrían pagado a miembros de la propia municipalidad por parte de MECO, la cual declaró no tener conocimiento de los mismos. 

Según informes de la Fiscalía Anticorrupción, el operativo se llevó a cabo por el OIJ luego de que un informante confidencial declaró sobre la existencia de dichos documentos en el lugar. 

Despidos 

La Universidad de Costa Rica despidió, sin responsabilidad laboral, al exdirector de Lanamme y profesor Luis Guillermo Loría. La razón de la institución fue por vender servicios profesionales a la empresa ITP, vinculada a MECO, sin tener permiso.  

Además, Loría es investigado por enriquecimiento ilícito y falta al deber de probidad. 

En cuanto a las empresas constructoras, el año anterior y producto de la pandemia y la posibilidad de congelar o reducir contratos, tanto MECO como H Solís suspendieron a cientos de trabajadores de sus puestos. 

Por su parte, y luego del escándalo del caso de corrupción, MECO habría despedido a más de 400 personas, según información de AmeliaRueda.com. De igual manera, H Solís también habría tenido una disminución en su planilla, aunque no se detalla la cantidad.  

Estos contratos finalizados responden, en principio, a la suspensión de licitaciones que sufrieron las empresas luego de estallar el caso Cochinilla y, por lo tanto, la disminución en sus ingresos provenientes de dinero público. 

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