Ley de empleo público llegará a primer debate entre dudas sobre su alcance y constitucionalidad

Mideplan: el foco de las dudas en el proyecto. 

Esta semana, la Asamblea Legislativa conocerá en primer debate el nuevo texto del proyecto Ley Marco del Empleo Público, en una votación que llega en medio de dudas sobre la constitucionalidad de la iniciativa. 

Justamente, la Corte Plena declaró hace algunos días que el proyecto afecta el orden y el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que deberá contar con el apoyo de al menos dos terceras partes de los diputados, como lo estipula la Constitución Política. Es decir, será aprobado únicamente si así lo deciden, como mínimo, 38 legisladores

La iniciativa, fundamental en la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de $1.778 millones, ya cuenta con modificaciones realizadas a partir de varios señalamientos de la Sala Constitucional, los cuales apuntaban a problemas de inconstitucionalidad. 

Según datos del Ministerio de Hacienda, la aprobación de la ley le ahorraría al país un 1.04% anual del PIB durante los próximos 10 años. 

¿Cuáles son las principales propuestas del proyecto? 

Algunas de las propuestas originales del proyecto han sido modificadas, producto de negociaciones en la Asamblea Legislativa y, principalmente, por la declaratoria de inconstitucionalidades presentada por la Sala Constitucional. 

Sin embargo, existe una serie de reformas importantes que se aplicarían al empleo público en caso de que la versión actual del proyecto quede en firme en La Gaceta. 

Estos son algunos de esos cambios: 

  • MIDEPLAN como entidad rectora del empleo público: el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica será el encargado de velar por el cumplimiento de las instituciones públicas en materia de empleo. 
  • Salario global: se estandarizarían los salarios en el sector público, de tal forma que las personas que ocupen puestos iguales en diferentes instituciones perciban los mismos ingresos.  
  • Pluses y convenciones colectivas: el proyecto propone la eliminación de los pluses salariales y restar margen para las negociaciones de convenciones colectivas. 
  • Vacaciones: se establecen, como máximo, 20 días anuales de vacaciones. Además, no será posible acumular más de dos periodos. 
  • Licencias: se incluye una licencia de paternidad de un mes, además de periodos extendidos al permiso de maternidad en caso de dar a luz a una persona con discapacidad. 
  • Congelamiento de plazas en servicios no esenciales. 
  • Evaluación de desempeño en funcionarios públicos. 

Como parte del esquema de salario único, el proyecto establece siete familias de puestos que abarcan a la totalidad de funcionarios. La primera es la más extensa, compuesta por la mayoría de empleados públicos según el Servicio Civil. 

Las otras seis familias son las siguientes: ciencias de la salud, fuerzas policiales, personas docentes con título II y IV según estatuto del Servicio Civil, personas docentes y académicas de la educación técnica, servidores de confianza y trabajadores de política exterior. 

Problemas de constitucionalidad. 

En junio, la Sala Constitucional señaló cerca de 30 puntos del proyecto que podrían tener vicios de inconstitucionalidad.  

El principal tiene que ver con la colocación de Mideplan como ente rector del empleo público. Al ser una entidad que depende del Poder Ejecutivo, se consideraría un perjuicio a la división de poderes que esta vigile el empleo en el Poder Judicial y otras instituciones autónomas. 

Precisamente por lo anterior, el nuevo texto no incluyó al Poder Judicial, municipalidades, universidades, Caja Costarricense del Seguro Social, Tribunal Supremo de Elecciones y Poder Legislativo. 

Esto no quiere decir que estas instituciones no deban atender las imposiciones de la ley en caso de ser aprobada. Significa que no serán vigiladas por Mideplan, sin embargo, deberán establecer sus propios mecanismos para vigilar que se cumplan los esquemas salariales, entre otras reformas. 

Señalamiento de la Corte Plena. 

El último obstáculo que ha tenido que sortear el proyecto de cara a su votación en el Plenario llegó por parte de la Corte Plena

Según un pronunciamiento, firmado por 19 magistrados, la iniciativa podría afectar el orden y el funcionamiento del Poder Judicial.  

A pesar de que los diputados de la Comisión de Redacción presentaron un proyecto que cumplía con solucionar lo señalado en junio, la Corte asegura que no es suficiente. El Poder Ejecutivo tendría injerencia en temas de empleo dentro del Poder Judicial, precisamente en funcionarios con puestos comunes en otras instituciones, como choferes y oficinistas. 

Según esta declaratoria, los diputados están erróneamente considerando que dentro del Poder Judicial existen dos tipos de funcionarios, cuando este no es el caso, por lo que todos deberían quedar eximidos de regulación por parte de Mideplan. 

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