Ley de empleo público será revisada nuevamente por Sala Constitucional

36 diputados votaron a favor de la iniciativa. 

La Ley Marco de Empleo Público fue aprobada en primer debate el día de ayer por los diputados de la Asamblea Legislativa, después de haber sido modificado para evitar un eventual bloqueo constitucional. 

Luego de la aceptación, la iniciativa debía ingresar a orden del día el jueves para segundo debate, sin embargo, deberá ser revisada por la Sala Constitucional, una vez más. 

La primera vez que el proyecto fue evaluado por la Sala, a finales del mes de julio, se señalaron una serie de inconstitucionalidades que atrasaron la aprobación de la propuesta. De esta manera, el texto firmado por los congresistas contaba con una serie de modificaciones, principalmente en materia de autonomías institucionales

Esta segunda revisión constitucional responderá las consultas que tengan los diputados o interesados sobre la legalidad del proyecto, no obstante, los temas resueltos en la primera consulta no pueden ser preguntados nuevamente

El objetivo del proyecto es ahorrar un 1.04% anual del PIB durante los próximos 10 años, según datos del Ministerio de Hacienda. Esto se lograría, entre otras medidas, a través de la imposición de un ingreso global en los funcionarios públicos. 

Es importante tener en cuenta que aquellos empleados que ganen más que el salario único, no recibirán aumentos más allá del costo de la vida hasta que se equipare, mientras que los que se encuentren por debajo de ese rango pasarán a ganar el monto estipulado de forma automática. 

¿Cómo quedó la votación? 

Un total de 36 legisladores votaron a favor de la aprobación del proyecto, mientras que únicamente ocho congresistas votaron en contra. Además, 13 diputados no estuvieron al momento de la sesión, entre esos Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, y Welmer Ramos, candidato presidencial del PAC. Estos dos se retiraron momentos antes de la votación. 

A favor Mario Castillo, Carolina Hidalgo, Luis Ramón Carranza, Laura Guido, Nielsen Pérez, Víctor Morales. Partido Acción Ciudadana (PAC) 
Silvia Hernández, María José Corrales, Carlos Benavides, Wagner Jiménez, Ana Karine Niño, Roberto Thompson, Ana Lucía Delgado, Jorge Fonseca, Paola Valladares, Luis Chacón, Yorleni León, Luiz Aiza, Gustavo Viales. Partido Liberación Nacional (PLN) 
Nidia Céspedes, Jonathan Prendas, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa, Ignacio Alpízar, Zoila Rosa Volio. Independientes 
José María Guevara, María Inés Solís, Erwen Masís. Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 
Eduardo Cruickshank, Carlos Avendaño, Giovanni Gómez, Mileidy Alvarado, Xiomara Rodríguez. Partido Restauración Nacional (PRN) 
Otto Vargas. Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) 
En contra Paola Vega, Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Independientes 
José María Villalta. Frente Amplio (FA) 
Enrique Sánchez. Partido Acción Ciudadana (PAC) 
Wálter Muñoz, Sylvia Villegas. Partido Integración Nacional (PIN) 
Pedro Muñoz. Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 

Dos aspectos destacables fueron que, tanto Pedro Muñoz (PUSC) como Enrique Sánchez (PAC), se separaron de la decisión de sus respectivas fracciones legislativas.  

El diputado oficialista ha manifestado que la cláusula de objeción de conciencia, incluida en el proyecto, es perjudicial. Esta disposición estipula que los funcionarios públicos podrán negarse a participar de actos que vayan en contra de sus creencias y valores éticos o religiosos.  

Por su parte, Muñoz ha señalado que “la Ley de empleo público no resuelve nada, así como está planteada y además generará aún más gasto. Este Gobierno sigue escondiendo información y engañando a la gente”, en relación a una solicitud de datos que presentó ante Mideplan y que aún no ha sido respondida. 

Consultas de fondo y procedimiento. 

La Corte Suprema de Justicia envió esta mañana una consulta facultativa de fondo a la Sala Constitucional para revisar los artículos 6, 7 ,9, 12, 13, 16, 24, 28, 32, 33, 34, 36 y 49 del proyecto de ley.  

Esta solicitud nace a partir de la preocupación de la Corte porque el Poder Ejecutivo, a través del Mideplan, podría regular sus competencias en materia salarial, lo cual representa un daño a su autonomía

En cuanto al procedimiento de la iniciativa de ley, un grupo de legisladores también presentará una solicitud a la Sala Constitucional para que revise el proyecto. 

Uno de los puntos a considerar, señalado por Pedro Muñoz, tiene que ver con que el Gobierno no ha señalado los ahorros previstos con las últimas modificaciones realizadas al texto que fue votado el día de ayer. 

Si desea conocer más acerca del proyecto, puede ingresar al siguiente enlace


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