Peligro de fuga y obstaculización de la justicia: principales motivos para aplicar prisión preventiva.
El día de ayer, los seis alcaldes señalados por el caso de corrupción Diamante quedaron en libertad luego de que la Fiscalía no solicitara prisión preventiva contra ninguno de ellos.
De igual manera, otros seis funcionarios también salieron de las celdas del Poder Judicial sin solicitud de prisión en su contra.
A partir de esta decisión surgieron varias dudas. ¿Por qué no se solicitó la medida de prisión preventiva? ¿Cuáles medidas cautelares deberán cumplir los imputados? ¿Por qué sí se aprueba la prisión en algunos casos?
El Conocedor buscará responder estas y otras preguntas propias de esta investigación en proceso por parte del Ministerio Público.
Prisión preventiva en Costa Rica
Los dueños de H. Solís y MECO, Mélida Solís y Carlos Cerdas, respectivamente, se encuentran recluidos en prisión preventiva por su posible involucramiento en el caso de corrupción Cochinilla.
Por su parte, otros señalados en este y otros casos de corrupción, como Diamante, únicamente se encuentran bajo un régimen de medidas cautelares y no deberán permanecer en prisión preventiva. ¿Por qué?
Según el artículo 239 del Código Procesal Penal de Costa Rica, existen cuatro razones para que un tribunal dicte esta medida en una investigación en proceso:
Basados en lo anterior, la Fiscalía no determinó necesaria la solicitud de la pena de prisión preventiva para continuar la investigación del caso Diamante.
Sin embargo, en el caso de los empresarios involucrados en Cochinilla, se encontró necesario por la posibilidad de fuga y de alteración de pruebas.
Otras medidas cautelares ante la prisión preventiva
El Código Procesal Penal establece, en su artículo 244, otras medidas cautelares que pueden ser aplicadas a imputados durante una investigación de carácter penal, como es el caso de Cochinilla y Diamante.
Estas medidas deberán ser aplicadas, de forma razonable, cuando pueda evitarse la prisión preventiva:
En el caso de los involucrados en el caso Diamante, la fiscalía solicitó que se presenten mensualmente a firmar, no pueden salir del país, quedaron inhabilitados de sus cargos temporalmente y no pueden ingresar a sus respectivos lugares de trabajo.
Por su parte, Gutiérrez Vargas, quien es funcionario de MECO, recibió solicitud de la fiscalía para prisión preventiva, ya que es considerado el “elemento corruptor” dentro de la investigación.