Procuraduría avanza en proceso de querella contra Carlos Alvarado y Víctor Morales 

  • Siguiente paso es recabar el peritaje del daño social 

El viernes 18 de febrero la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) interpuso los escritos de querella y acción civil resarcitoria contra el presidente Carlos Alvarado y el diputado Víctor Morales Mora. 

Según la PEP los hechos constituyen el delito de prevaricato, por el dictado del Decreto Ejecutivo “Creación de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD)” (41996-MP-MIDEPLAN). 

La PEP también menciona que este decreto  

“Con probabilidad se dictó de manera contraria a derecho y fundado en hechos falsos por parte del Presidente y el ex Ministro de la Presidencia referidos; delito previsto y sancionado en el Código Penal en el artículo 357”. 

Además, por estos hechos la PEP presentó civilmente por daño social por un monto de ¢20.000.000, intereses y costas procesales correspondientes. 

Prosecución penal

Al tratarse de un Diputado en ejercicio y el Presidente de la República, este caso se tramita con el Procedimiento Especial para Juzgar Miembros de los Supremos Poderes, por lo que requiere la autorización de prosecución penal por parte de la Corte Suprema de Justicia. 

Además, debe ser remitido a la Asamblea Legislativa para que se realice el procedimiento de levantamiento fuero de improcedibilidad conforme lo establece la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

En caso de levantarse, el procedimiento seguirá en la Sala de Casación Penal, que es la encargada de tomar la declaración de los querellados, conferir audiencia y establecer las fechas del juicio oral y público. 

En caso de que se acabe el período constitucional en el transcurso del procedimiento, el mismo pasa a ser un procedimiento de la vía ordinaria. 



Siguiente paso

Esta presentación significa un avance en el proceso en que la procuraduría representa al Estado en condición de víctima y conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la normativa Procesal Penal correspondiente. 

Ahora, el siguiente paso es recabar el peritaje por daño social solicitado por la PEP, de lo que se encargará la Fiscalía General. 

En caso de que se acabe el período constitucional en el transcurso del procedimiento, el mismo pasa a ser un procedimiento de la vía ordinaria.  

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