Procuraduría presentará querella contra Carlos Alvarado por caso UPAD 

  • Fiscalía solicitó levantar inmunidad de Carlos Alvarado y Víctor Morales 

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) anunció este jueves que se constituirá en querellante y actor civil en la acusación y solicitud de apertura a juicio contra el presidente Carlos Alvarado y el diputado oficialista Víctor Morales Mora

La Abogacía del Estado expresó, a través de un comunicado de prensa, que estará presentando los documentos correspondientes dentro de los 10 días hábiles establecidos por ley

Esta respuesta surge a partir de la acusación formal emitida este martes por la Fiscalía General de la República contra el mandatario y el legislador por los presuntos delitos de prevaricato, fraude a la ley y abuso de autoridad en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD)

La UPAD se creó con el propósito de disponer de acceso irrestricto a información sensible, confidencial y personal de los ciudadanos costarricenses

Prevaricato 

Según la Fiscalía, los señalados cometieron presuntamente prevaricato en dos vías:  

  • emisión de resoluciones contrarias a la ley  
  • falsa fundamentación de los hechos 

El Código Penal establece una pena condenatoria entre 3 a 15 años de prisión por esta causa criminal. 

Así, Warner Molina, fiscal general, acusó que los imputados habrían transferido datos personales sin consentimiento. Además, indicó que Alvarado y Morales señalaron que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) había avalado la creación del órgano dentro de la estructura organizacional el Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, Mideplan ya había denegado en dos oportunidades la creación de la unidad

Fraude a la ley 

En cuanto al fraude a la ley, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece una pena entre 1 a 5 años de prisión para el funcionario que cometa esta falta.  

De acuerdo con Fiscalía, en este sentido, los imputados aparentemente hicieron uso de su posición de funcionarios públicos para proceder a realizar actos que no estaban relacionados con fines públicos

“Con sus actuaciones personales y funcionales descritas, los imputados (…) abusaron de sus cargos, al arrogarse facultades no concedidas a ellos, en clara violación de los deberes de la función pública y el deber de probidad, que ellos juraron observar y cumplir cuando asumieron sus cargos. Lo anterior en perjuicio de los derechos de intimidad y autodeterminación informativa de la ciudadanía costarricense en general”, expresó Molina. 

Abuso de autoridad 

El artículo 23 del Código Penal establece lo siguiente: 

“Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria”. 

Así, la Fiscalía señala también el aparente delito de abuso de autoridad, dado que el prevaricato y el fraude a la ley habrían sido presuntamente cometidos bajo sus roles de funcionarios públicos

Levantamiento de inmunidad 

Tras la presentación de la acusación del Ministerio Público, el Tribunal de la Corte Plena del Poder Judicial debe deliberar si esta tiene causa suficiente para gestionar ante el Plenario Legislativo la solicitud de levantamiento de la inmunidad del mandatario. 

En caso de que la notificación sea recibida en la Asamblea, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, deberá leérsela a las curules para su entendimiento y así formar una comisión especial que realice un análisis. 

Dicha comisión puede convocar a audiencia al presidente Alvarado y sus abogados para emitir su criterio. Así, la comisión deberá luego presentar un informe de su recomendación en un plazo determinado para su respectiva discusión y voto bajo la presencia de al menos 38 diputados en el Congreso

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