Promesa en el aire: vacunación continúa siendo obligatoria

  • Decreto publicado este miércoles dista del anunciado por Chaves tras el Traspaso de Poderes

Durante sus primeras horas portando la banda presidencial, Rodrigo Chaves firmó un decreto en directo donde anunciaba el levantamiento de la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19. 

Sin embargo, el texto publicado este miércoles en el diario La Gaceta muestra un contenido distinto a lo promovido por el mandatario costarricense el pasado 8 de mayo luego del Traspaso de Poderes. 

Mientras Chaves indicaba que se iba a frenar los despidos de funcionarios por rechazar la inmunización, el decreto publicado indica que “se insta a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido” para aquellos funcionarios sin esquema de vacunación completo. 

Chaves explicó el domingo que la inoculación ya no sería obligatoria e incluso, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, indicó este lunes que, según les comunicaron, no requerían de consulta a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) para la aprobación del decreto. 

No obstante, el decreto continúa con la obligatoriedad y, además, solicita el criterio a la CNVE como único órgano encargado por ley de tomar decisiones en esta materia

“El Poder Ejecutivo solicita a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que, mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados, indique y recomiende al Poder Ejecutivo cuales funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad. En el mismo sentido insta a realizar estudios técnicos que demuestren el efecto de la obligatoriedad de la vacunación sobre el porcentaje de la población que efectivamente vacunada, incluyendo un análisis de la evidencia internacional”

enuncia el artículo 2 del decreto. 

El decreto 43543-S demuestra los siguientes aspectos: 

  1. El Ejecutivo no consultó a la CNVE 
  1. Presidencia adjudica decisión sobre régimen sancionatorio disciplinario en la CNVE 
  1. El Gobierno “insta” a que no haya despidos, mas no los prohíbe  
  1. La vacunación continúa siendo obligatoria, dado que no se derogó ningún decreto 

Polémica habría atrasado publicación de decreto

A la medianoche, Casa Presidencial comunicó que se había demorado en la publicación del decreto por toda la polémica generada en torno a la iniciativa.  

“En vista de las reacciones al anuncio de que estos decretos se iban a publicar y que incluyeron numerosas especulaciones, publicaciones engañosas y, hasta, amenazas de denuncias penales, el gobierno de la República decidió demorar la publicación de estos decretos en La Gaceta, con el fin de hacer un análisis adicional de estos decretos”

explica el comunicado de prensa. 

La Unión Médica Nacional, el Colegio de Médicos, el Colegio de Microbiólogos y algunas diputaciones manifestaron su negativa contra el decreto. Asimismo, abogados, laboralistas y juristas cuestionaban la procedencia legal de la disposición firmada por Chaves que buscaba derogar las decisiones promovidas por el expresidente Carlos Alvarado y su ministro de Salud, Daniel Salas, mediante el decreto ejecutivo N° 43249-S. 

Dicho texto establece la vacunación contra el coronavirus como obligatoria, desde el 15 de octubre del año anterior, para funcionarios públicos y empleados del sector privado, cuyos patronos así lo decidan.  

Según la abogada Aura Bonilla, un decreto puede eliminar otro decreto por rango normativo, siempre y cuando aborden la misma materia. No obstante, dentro de las normas jurídicas, el decreto se sitúa después de las leyes; y justo ahí residían otros cuantos cuestionamientos de diferentes sectores.  

“Las leyes son más importantes que los decretos, porque son creados por la Asamblea con todo el procedimiento, mientras que los decretos son creados por presidencia con el ministro de rama”

explicó Bonilla.

En este sentido, el artículo 3 y el articulo 11 de la Ley Nacional de Vacunación establece como obligatoria las vacunaciones contra enfermedades, según estime la CNVE.  

Ante la falta del documento oficial, algunos actores sociales especularon que el gobierno se amparaba en el artículo 150 de la Ley General de Salud, que adjudica la determinación de obligatoriedad de vacunación y revacunación contra enfermedades transmisibles en el Ministerio de Salud. 

Sin embargo, tal como explica la abogada Bonilla, entran dos situaciones:  

  1. La ley más reciente siempre va a estar por encima de la más antigua: mientras la Ley General de Salud data de 1974, la Ley Nacional de Vacunación es de 2001  
  1. La norma especial va a prevalecer sobre una norma general, es decir, la Ley Nacional de Vacunación prevalece ante la Ley General de Salud  

Bajo este panorama, se presumía también que si el presidente Chaves y la ministra de Salud, Joselyn Chacón, llegaran a insistir en el decreto estarían incurriendo en el delito de prevaricato, el cual establece una pena de prisión de dos a seis años de cárcel para funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la ley, según el Código Penal.  

“El principio de legalidad dice que los funcionarios públicos deben hacer aquello que está expresamente indicado en la ley, entonces cuando los funcionarios no hacen algo o dejan de hacer estarían cometiendo delito, en este caso, sería el de prevaricato”

detalló Bonilla.

Asimismo, otros especialistas comentaron la posibilidad de que la disposición también fuera inconstitucional, porque pondría en peligro el derecho a la salud establecido en el artículo 21 de la Constitución Política.  

Sin embargo, el decreto anunciado el pasado 8 de mayo dista del publicado en el diario La Gaceta en la madrugada de este miércoles

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