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¿Qué es el derecho de acceso a la información?

  • El interés público es la principal justificación para acceder a información. 

En Costa Rica existe una serie de leyes dentro de la propia Constitución Política y de otros reglamentos que procuran una administración pública más transparente, en la cual la ciudadanía pueda informarse de manera rápida y sencilla. 

Sin embargo, la Sala Constitucional reporta todos los años una cantidad importante de recursos de amparo que se presentan en contra de instituciones públicas por negarle información a las personas, en muchos casos a periodistas. 

En muchos de estos casos, las solicitudes se resuelven de manera favorable para el denunciante debido a lo que se conoce como derecho de acceso a la información, el cual establece que hay prioridad en el interés público por encima del interés administrativo. 

¿Cuáles artículos amparan el acceso a la información en Costa Rica? 

A nivel institucional, existen reglamentos internos que regulan el acceso a la información y el proceso adecuado para obtenerla. Sin embargo, existen tres grandes legislaciones que abarcan al entramado estatal. 

1) Constitución Política 

La Constitución Política nacional cuenta con dos artículos muy claros en cuanto al derecho de acceso a la información pública. Ambos son utilizados recurrentemente en los recursos de amparo de los casos donde se violenta este derecho.  

En primer lugar, el artículo 27 hace referencia al derecho de obtener respuestas por parte de funcionarios públicos en procesos de petición sobre lo administrativo. 

Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.” 

Adicionalmente, el artículo 30 de la constitución establece la posibilidad de acceder a información cuando se encuentre de por medio el interés público. 

Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.” 

2) Ley General de Administración Pública 

La Ley n°6227, o Ley General de Administración Pública enumera una serie de reglamentos que deben ser seguidos por los servidores públicos de las diferentes instituciones que componen el aparato estatal. 

Entre esos reglamentos, destaca el artículo 113. Este apartado señala tres aspectos fundamentales que se ligan directamente con el derecho de acceso a la información: 

  • El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.  
  • El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto.  
  • En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia. 
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3) Ley del Sistema Nacional de Archivos 

Finalmente, la Ley del Sistema Nacional de Archivos también es tajante en cuanto al derecho de acceso a la información pública.  

En su artículo 10, se menciona lo siguiente: 

ESTO PODRÍA IR COMO EN UN CUADRITO 

“Se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las instituciones a las que se refiere el artículo 2 de esta ley.” 

Las instituciones a las que se hace referencia en el artículo 2 son los “Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen someterse a estas regulaciones”.  

Excepciones al derecho. 

Existen excepciones en cuanto al tipo de información que se considera de acceso público. La Constitución Política señala en su artículo 30 que los “secretos de Estado” no serán compartidos ya que se priva el interés nacional.  

Un ejemplo de esto sucedió con el contrato privado que hizo el Gobierno con Pfizer. La Sala Constitucional señaló que no sería público por tratarse de un momento donde se jugaba el derecho a la salud, el cual está por encima del derecho de acceso a la información. 

Los secretos de Estado serán aquellos donde de por medio se encuentren temas de seguridad y defensa nacional, política económica cambiaria, procesos relacionados con actividades criminales, relaciones internacionales, entre otros. 

Sobre estos secretos de Estado, el artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos señala que estos documentos perderán esta protección luego de 30 años. 

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