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¿Qué es la autonomía universitaria?

La autonomía da independencia a las universidades públicas en el desempeño de sus funciones y plena capacidad legal. Es decir, la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como la capacidad para darse su gobierno y organización de forma propia.  

Con lo anterior, se garantiza el derecho a administrarse y regularse a sí mismas, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. 

Esa potestad de autoestructurarse, de autoorganizarse, de establecer su estructura interna y distribuir las funciones y competencias de sus órganos de manera libre e independiente, que la Constitución Política les atribuye a las universidades públicas, no está limitada ni por la acción del Poder Ejecutivo, y ni siquiera por las decisiones del Poder Legislativo. 

¿Cuándo empezó a regir la autonomía universitaria en Costa Rica? 

La autonomía universitaria fue enunciada, a principios del siglo XIX (diecinueve), por Guillermo de Humboldt, cuando, junto con otras personas, fundó la Universidad de Berlín. En América Latina, las ideas de Humboldt tomaron fuerza gracias a la llamada Reforma de Córdoba de 1918. 

La Reforma de Córdoba constituye uno de los movimientos de transformación universitaria más relevantes en la historia de las instituciones educativas superiores de América Latina. Democratizó el gobierno de las universidades y abrió la posibilidad a todos los sectores de acceder a un título universitario.

Costa Rica adoptó e introdujo una amplia y sólida aceptación de la autonomía universitaria, a propósito de la creación en 1940 de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, sería asumida por la Constituyente de 1949, quedando consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política

“La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación”.

La autonomía universitaria se estableció como un rasgo distintivo de países libres y democráticos, precisamente para desarrollar la educación superior pública y poder responder a las necesidades de la sociedad como un todo, para lo cual la independencia resulta una condición indispensable. De acuerdo con el Dr. Henning Jensen Pennington, exrector de la UCR, “solo desde su autonomía la Universidad puede contribuir adecuadamente al bienestar ciudadano, la equidad y la justicia social. 

Esta autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por esto, distinta a la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico. Las universidades estatales reúnen tres clases de autonomía: de gobierno, organización y administración. Además, se indica que la autonomía política es plena: no puede ser sometida a la ley. 

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¿El Gobierno puede supervisar el desempeño de las universidades estatales pese a su autonomía? 

Según el documento Ensayos sobre autonomía universitaria del Dr. Luis Baudrit, no se trata de que las universidades se encuentren excluidas o exceptuadas del cumplimiento de las leyes, o de determinadas leyes, sino de que la Asamblea Legislativa no posee la potestad para dictar leyes que interfierandirecta o indirectamente, en la actividad universitaria, en los amplios términos en que la Constitución Política garantiza su independencia, autonomía o libertad. 

Las regulaciones legales aplicables a las instituciones públicas o estatales, en general, no lo son a las universidades estatales porque gozan de un régimen especial de independencia.  

Las universidades, como instituciones públicas, estásometidas a evaluación de resultados y a rendición de cuentas de conformidad con lo que disponga la ley. Esto no implica interferencia en las actividades universitarias, ni restricción o condicionamiento de ellas. 

En este caso, las facultades de la Contraloría General de la República son de vigilancia, lo que es muy diferente a participar activamente en la toma de decisiones, a establecer condiciones o a imponer obligaciones.

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