¿Qué es y cómo funciona un referéndum en Costa Rica? 

  • Referéndum sobre el TCL en 2007: único antecedente. 

Un referéndum o referendo hace relación a una convocatoria popular para decidir sobre al avance o no de una determinada iniciativa de carácter público. Es decir, un proceso mediante el cual las personas eligen si se aprueba o no una ley u otro tipo de propuesta. 

Varios países del mundo utilizan esta figura como mecanismo para someter a opinión popular proyectos de ley que no han logrado resolverle en las instancias previas, por ejemplo, en un congreso de diputados.  

Costa Rica no es la excepción. En el país, este recurso se encuentra dentro de la Constitución Política y está regulado bajo la ley número 8.492, Ley sobre Regulación del Referéndum. 

¿Cómo y quién lo puede convocar? 

Para entender mejor cómo funciona y hasta qué punto puede utilizarse el referéndum, es necesario conocer los alcances del mismo y la forma en la que es convocado. 

En Costa Rica, existen tres métodos para realizar una convocatoria, según el artículo 3 de la ley que lo regula:  

  • De iniciativa ciudadana: convocado al menos por un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 
  • Legislativo: convocado por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de dos terceras partes del total de sus miembros. Es decir, al menos 38 diputados. 
  • Ejecutivo: convocado por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta (29) de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.  

En el caso de la iniciativa ciudadana, el 5% equivaldría a unos 177.000 ciudadanos, ya que según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), actualmente hay inscritas unas 3.536.462 personas en el padrón electoral. 

Quien desee convocar un referéndum, deberá solicitar una autorización del TSE y posteriormente podrá iniciar la recolección de las firmas. Para recoger estas firmas, los organizadores de la petición contarán con 3 meses, prorrogables hasta por 30 días adicionales. En caso de no lograr el 5% del apoyo del padrón, se archivará la solicitud. 

Independientemente del mecanismo por el cual se solicite el referéndum, ya sea por iniciativa popular, legislativa o ejecutiva, el TSE contará con 3 meses para preparar la votación una vez que haya sido aprobada su ejecución. 

Límites al uso del referéndum. 

Esta figura no puede ser convocada indiscriminadamente. Existe una serie de temas que no pueden ser llevados a consulta popular

Según el artículo 2 de la ley 8.492, estas materias son:  

  • Presupuestaria. 
  • Tributaria. 
  • Fiscal. 
  • Monetaria. 
  • Crediticia. 
  • De pensiones. 
  • Seguridad. 
  • Aprobación de empréstitos y contratos. 
  • Actos de naturaleza administrativa. 

De igual manera, la Sala Constitucional declaró en la sentencia 2010-13313 que los derechos humanos tampoco pueden ser sometidos a un referéndum

Existen también otros límites en cuanto al uso de esta figura. Según la ley que los regula, solo puede haber uno al año, de igual manera, no puede ser convocado ni ejecutado seis meses después o antes de una elección ni presidencial. 

Además, para que una decisión de referéndum sea vinculante, debe contarse con la participación de al menos un 30% del padrón electoral o un 40% en decisiones que tengan que ser aprobadas por una mayoría de los diputados (38), por ejemplo, temas de carácter constitucional. 

“Poner a la gente a legislar”. 

Ante este panorama, algunos políticos han señalado la importancia de esta figura. El último es Rodrigo Chaves, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). 

El exministro de Hacienda ha sido enfático en que “si la Asamblea no quiere legislar, hay que poner a la gente a hacerlo”.  

Como parte de su equipo, la diputada electa del PPSD, Pilar Cisneros, afirmó que este mecanismo sería utilizado en situaciones como eutanasia o aborto para que sea el pueblo el que decida.  

Sin embargo, este enfoque de gobierno ha sido señalado debido a las limitaciones que tiene este mecanismo. 

Precisamente, las limitaciones señaladas anteriormente evitan que se regulen temas como aborto en este tipo de convocatorias, ya que se relacionan directamente con materia de derechos humanos. 

Pese a esto, el plan de gobierno del PPSD enumera algunas reformas a la ley de referéndum, con el fin de flexibilizar su uso. Estas son:  

  • Ampliar las materias que pueden ser objeto de este instrumento, excluyendo únicamente a las materias presupuestaria, fiscal, tributaria, seguridad y actos de naturaleza administrativa, pero permitiendo la aplicación de este instrumento en materia monetaria, crediticia, de pensiones y la aprobación de empréstitos y contratos. 
  • Bajar de un 5% a un 2.5% el porcentaje de firmas requerido para la convocatoria del referéndum de iniciativa ciudadana. 
  • Eliminar el tope a la cantidad de referéndums que pueden realizarse en un año (actualmente permite un máximo de uno al año). 
  • Bajar los porcentajes de participación necesarios para hacerlo vinculante a un 20% en todos los casos. La aprobación requerirá de la votación favorable de más del 50% de los participantes, excepto en los casos en los cuales en sede legislativa la propuesta requiera para su aprobación de mayoría calificada –i. e. reformas parciales a la Constitución Política, en cuyo caso será necesaria una votación favorable de más del 66% de los participantes. 
  • Bajar el costo de un referéndum sustancialmente mediante el uso de tecnología digital. 


Único antecedente: 2007. 

Los costarricenses han tenido que asistir a las urnas para decidir sobre un referéndum únicamente una vez en la historia. 

Precisamente, este año se cumplen 15 años del referéndum para aprobar o rechazar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 

Este fue convocado por el Poder Ejecutivo, encabezado por el expresidente de la República, Óscar Arias, en conjunto con la Asamblea Legislativa.  

La votación ocurrió el 7 de octubre del año 2007 y tuvo una participación ciudadana de cerca del 60% del padrón electoral de la época. 

En dicha ocasión, ganó el “sí” con un 51,62% de los votos ante una oposición al proyecto del 48,38%. En total, asistieron a emitir el derecho al sufragio más de 1.500.000 de costarricenses. 

Sin embargo, han existido otros intentos de convocatorias, principalmente desde la iniciativa ciudadana. Uno de los más recordados es el de la abogada Alexandra Loría, excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nueva República (PNR) para las elecciones del 2022. 

Loría, en conjunto con algunos grupos conservadores, promovió la llamada a un referéndum para decidir sobre el futuro de las uniones entre personas del mismo sexo.  

Pese a que el TSE aprobó la recolección de firmas e incluso fijó una fecha tentativa para realizarse, la Sala Constitucional frenó el avance del mismo argumentando que no puede utilizarse esta figura para legislar sobre derechos humanos de minorías.

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