¿Qué proponen Figueres y Chaves para mejorar la seguridad ciudadana? 

  • El Conocedor revisó los planes de gobierno de ambos candidatos 

El 3 de abril los costarricenses que se acerquen a las urnas escogerán entre José María Figueres, de Liberación Nacional (PLN) o Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático) como su presidente por los próximos cuatro años. 

La elección enfrenta a un político con mayor bagaje en la función pública, como Presidente, ministro y figura partidaria, contra un experimentado funcionario de organismos económicos internacionales, lo cual ambos exponen como sus fortalezas. 

En El Conocedor buscamos que usted reciba la información de la forma más útil y oportuna posible para que tome la decisión de qué hacer el día de la segunda ronda. 

Por ello, en esta nota repasamos las propuestas de cada candidato en materia de seguridad ciudadana. 

Abordaje

Ambos partidos referencian el crimen organizado desde la posición geográfica de Costa Rica.  

Es decir, la ubicación del país y sus vecinos centroamericanos lo colocan como un puente terrestre entre Estados Unidos, como el país con mayor demanda de cocaína a nivel mundial y países productores sudamericanos. 

Además, el plan de gobierno del Progreso Social Democrático hace referencia a la atractividad que representa esta zona para la trata de personas y el tráfico de armas de fuego. 



Las propuestas

Liberación Nacional

El plan de gobierno de José María Figueres divide sus propuestas en nueve ejes, al hacer click en cada uno, encontrará propuestas que corresponden a ellos. 

1. Reforma a la Ley General de Policía  

Reformar la Ley General de Policía y crear un Sistema de Seguridad Ciudadana que tenga como propósito esencial la prevención, la contención y la represión de la criminalidad en todas sus manifestaciones y no solo como una obligación y responsabilidad de los distintos Cuerpos de Policía, sino e igualmente como el resultado de múltiples acciones necesarias y fundamentales en el ámbito de la sociedad civil organizada, las comunidades y los ciudadanos, para hacer efectivo y real en los hechos que la “seguridad es responsabilidad de todos” y que no se trata de un asunto solo de policía, sino de una visión integral y participativa.  

2. Reorganización para la acción: En busca de la sinergia institucional.

El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Ministerio del Interior) se unificarán legalmente y asumirán el desafío de liderar, según las políticas públicas definidas al más alto nivel por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) , el diseño y la puesta en operación de un Sistema de Seguridad Nacional (SSN) moderno y eficiente, que articule y coordine con diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, con participación de la sociedad civil organizada, las comunidades y los ciudadanos, acciones preventivas, de contención y de represión de la criminalidad, en procura de la seguridad y “el bienestar del mayor número” y “el bien vivir de los costarricenses” . 

Por su parte, la generación de información de inteligencia, táctica y estratégica, policial y financiera, será el insumo/evidencia científica que permitirá accionar de manera asertiva contra la criminalidad y combatir directamente la delincuencia organizada, la común y el narcotráfico internacional y nacional.  

El SSN operará de manera sistemática y ordenada, trabajará sobre prioridades y acciones a seguir con base en evidencia científica e información de inteligencia. De su seno nacerán el marco orientador de la labor policial y, con una visión integral, sistémica y holística, definirá el rumbo país y aquellas acciones intersectoriales e interinstitucionales a implementar desde los ámbitos policial, educativo, cultural, deportivo, comunitario, familiar, entre otros, como una política pública del Estado Costarricense, tal y como se expone en el grafico que se adjunta y en los siguientes puntos de la propuesta. 

3. La inteligencia: Insumo clave en la lucha contra la criminalidad.  

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) se transformará en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), adscrita al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Ministerio del Interior), sin menoscabo de la coordinación institucional que, a ese nivel, deberá sostener la DIPOL con el Ministerio de la Presidencia y con el Consejo de Seguridad Nacional. Esta transformación es fundamental, por cuanto sin inteligencia policial efectiva, oportuna y confiable, el esfuerzo de nuestra Fuerza Pública, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial, en lo que ataña a las funciones policiales preventivas y represivas, así como la Policía de Control de Drogas (PCD), no tendría la potencialidad y capacidad de acción que, las actuales circunstancias por las que atraviesa Costa Rica, exigen y demandan del Estado Costarricense. 

Las alianzas estratégicas con países amigos, la formalización de convenios, tratados y demás instrumentos internacionales, serán esenciales para el éxito de las investigaciones que realizan las instancias institucionales respectivas. 

4. La seguridad ciudadana: Participativa y al amparo de las leyes.  

El Consejo de Seguridad Nacional, como instancia superior, estará integrado, como miembros plenos y permanentes, por el presidente de la República quien lo presidirá, el Ministro de la Presidencia, el Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Ministro del Interior), el Ministro de Justicia y Paz, el Ministro de Relaciones Exteriores y el director general de la Fuerza Pública, así como por el Fiscal General de la República, el Jefe del Organismo de Investigación Judicial, el Presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y el Presidente de la Sala III Penal del Poder Judicial. Otros invitados especiales podrán participar de las sesiones ordinarias o extraordinarias del CSN, según agenda e invitación previa. 

…. 

A este respecto y prioritariamente, se promoverá la aprobación en la Asamblea Legislativa de una efectiva “Ley de Extinción de Dominio”, exclusivamente para casos agravados de narcotráfico internacional y nacional que reúna todos los requisitos de constitucionalidad, como se ha hecho en otros países.  

Este instrumento legal es absolutamente necesario como un factor represivo, disuasivo y sancionatorio para quienes no puedan demostrar, fehacientemente, el origen ilícito y perverso de los bienes y el patrimonio adquirido por medio del tráfico y venta de drogas en el territorio nacional. 

5. Lucha frontal contra la corrupción: Tolerancia cero.  

Desde el ángulo de las políticas de seguridad ciudadana y de la acción de los distintos Cuerpos de Policía, la norma inflexible será tolerancia cero a la corrupción y sus delitos conexos. La futura Administración Figueres Olsen propondrá un ACUERDO NACIONAL con todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil organizada para que, no solo desde el punto de vista de la legislación, sino desde el político y ético, en todas las esferas del sector público y en sus relaciones fundamentales con el sector privado y la ciudadanía, la corrupción como fenómeno delincuencial, económico y social insertado lamentablemente en la sociedad costarricense, pase a ser una crisis nacional del pasado y, por el contrario, el apego a la ley, la ética, la decencia y la transparencia, así como la honorabilidad y la integridad, pasen a ser los valores dominantes de nuestra sociedad y de su modelo de desarrollo económico sostenible con justicia y equidad social. 

6. Dignificación de la función y el trabajo policial.  

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La situación que enfrenta el país en materia de seguridad ciudadana , obliga necesariamente a destinar presupuesto para la mejora de la escala salarial de los efectivos, así como para inyectar recursos indispensables en los siguientes objetivos: a) la mejora de sus condiciones de trabajo, sanitarias, de seguridad, de infraestructura física, de capacitación y de formación profesional; y b) la dotación de armamento, medios de trasporte y tecnología de punta, entre otros recursos prioritarios y urgentes para nuestra Fuerza Pública. Necesitamos unas fuerzas de policía con tecnología de punta y capacidad de prevención y reacción operativa en las ciudades, pueblos y caseríos del territorio nacional.  

Asimismo, se fortalecerá y potenciará al máximo la Escuela Nacional de Policía ubicada en el cantón de Guácimo, maximizando sus instalaciones y demás recursos, como un eje básico central y obligatorio de capacitación y formación policial integral de todos los Cuerpos de Policía, según sus especialidades. Asimismo, se transformará, con el apoyo de órganos cooperantes de países amigos, en una escuela regional modelo para la capacitación profesional de fuerzas policiales de varios países. Sus actuales y modernas instalaciones físicas se prestan para tales propósitos. Lo que falta es liderazgo, visión y acción.  

… 

7. Rendición de cuentas.

A favor de la transparencia en la gestión. No se trata solo de mano dura y eficiente contra la criminalidad vinculada al narcotráfico, entre otros delitos graves, así como de acciones preventivas, inteligentes y sociales por medio del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

La visión integral de la Administración Figueres promueve la participación de la sociedad civil organizada y la ciudadanía, en la prevención del delito y en el control de la labor y calidad de los servicios policiales en cada comunidad. 

… 

Los efectivos de la Fuerza Pública se transformarán, además de garantes de la seguridad de los ciudadanos y el país, en activos promotores comunales de un ambicioso programa nacional para transformar a Costa Rica en una potencia deportiva y recreativa. La práctica del deporte es esencial para las personas de todas las edades, para llevar vidas plenas y saludables, estimular la organización de las comunidades, favorecer la integración social democrática y combatir flagelos sociales como las drogas y la delincuencia, especialmente en poblaciones vulnerables. En la futura Administración del PLN, los policías se transformarán en activos actores y responsables de este eje estratégico de la Doctrina Costarricense sobre la SEGURIDAD CIUDADANA. 

8. El respeto a la legítima defensa.

Un derecho ciudadano inviolable La Administración Figueres Olsen tiene un enfoque de respeto total en materia de derechos humanos, y en esa lógica en materia de seguridad ciudadana la preservación de la vida es ineludible. Por ello, avanzaremos en el tema del respeto al derecho de rango legal a la portación de armas -en forma regulada- como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales. Una regulación responsable y seria en ese sentido, es consecuente con la vocación de paz y tolerancia del ser costarricense; la promoción del diálogo y la negociación como mecanismos de resolución de conflictos; y con los principios esenciales de nuestro Estado Social de Derecho. 

En esa lógica, trabajaremos en el tema del registro de armas para su portación, de manera que la ciudadanía pueda decidir responsablemente sobre esta posibilidad que otorga la ley. Asimismo, se declarará moratoria y se presentarán las reformas necesarias para garantizar, dentro del Sistema de Seguridad Ciudadana, el derecho que todo ciudadano posee a la legítima defensa frente a los actos de la delincuencia organizada y el narcotráfico que han desbordado al país en los últimos años.  

A la vez, se actuará en forma estricta, firme y activa en el combate y la sanción penal de la posesión de armas ilegales en manos de los delincuentes y las bandas criminales, como una política pública del Estado Costarricense de combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones y proteger la vida y la propiedad de sus habitantes. 

Este esfuerzo se complementará con imprescindibles reformas al Código Procesal Penal, porque de solo así tendrá frutos este gran esfuerzo nacional en materia de seguridad ciudadana. Trabajaremos en que los Tribunales de justicia impongan las medidas cautelares de prisión preventiva necesarias en casos de narcotráfico internacional y nacional y alta criminalidad contra la Hacienda Pública. Para ello, es necesaria una verdadera reforma del Poder Judicial y de las leyes de la República, que faciliten y restauren los derechos de la ciudadanía frente a la criminalidad. 

En este sentido, realizaremos una revisión integral del Sistema Penitenciario, integrando activamente al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria, al Sistema de Seguridad Nacional.  

El ministro de Justicia, como miembro pleno del Consejo de Seguridad Nacional, será el calificado vínculo de alto nivel entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como el portavoz y negociador técnico y político de estas reformas legales.

9. Una política migratoria inteligente y regulada. 

… 

La Administración Figueres apoyará el proyecto de Inversionistas, Rentistas y Nómadas Digitales, con el propósito de agilizar trámites y facilitar el ingreso de estos migrantes, como parte de los programas de reactivación económica y fomento del turismo. Asimismo, facilitará la legalización de miles de migrantes ilegales trabajadores, para integrarlos como contribuyentes del Fisco, de la CCSS, protegerles sus derechos básicos laborales, de salud y otros, propiciando la movilidad social y su salida de la pobreza e integrándolos activa y productivamente a la sociedad costarricense. Esa es la visión inteligente que corresponde, sin xenofobias, en el mundo globalizados en el que vivimos y frente a las realidades políticas, económicas y sociales del entorno regional.  

Bajo ninguna circunstancia, eso significa que dicha migración no será regulada. Todo lo contrario. De lo que se trata y lo que se propone, es una mejor y efectiva regulación por medio de la Dirección General de Migración y la Policía de Migración e igualmente de un fortalecimiento real de la capacidad operativa de la Policía de Fronteras. No podemos seguir siendo un país de fronteras abiertas.  

A tal efecto y en el ámbito del Sistema de Integración Centroamericana, la futura administración propondrá a los países vecinos y hermanos, especialmente al Gobierno de Nicaragua, regulaciones obligatorias, apropiadas y necesarias en materia migratoria y laboral, así como de remesas al extranjero, como las que ya existen, por ejemplo, en el MERCOSUR y en la Unión Europea. 

… 

Progreso Social Democrático

Por su parte, el candidato Rodrigo Chaves separa sus propuestas en tres ejes, los cuales puede revisar, de igual forma, desplegando cada uno de ellos.

1. Un país más seguro
  • La Escuela Nacional de Policía debe asumir un papel significativo en la formación y capacitación de los diversos policías y las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana y nacional. Entre los retos que implica lo anterior se destaca la revisión del sistema de inteligencia, la integración y compartición de los datos recibidos por las diferentes instituciones involucradas en la seguridad, en el marco de lo permitido por la ley. Asimismo, es preciso garantizar la seguridad y las facilidades para que las personas efectúen las respectivas denuncias, sin lidiar con complicados trámites y sin temor a las represalias de los delincuentes. 
  • Dotar a los policías de equipo tecnológico moderno, para así lograr mayor eficiencia en la prestación de sus servicios públicos de seguridad 
  • Contabilizar con datos objetivos la relación pobreza-criminalidad. Debemos crear un plan de atención institucional en el que se vinculen las instancias competentes del sector social y salud. Esto, además, debe acompañarse de una verdadera política penitenciaria en estricto apego a las normativas, convenciones y convenios suscritos por nuestro país.

    Acciones específicas:
     
  • Fortalecer el uso de penas alternativas a la prisión con los mecanismos ya existentes en la legislación, tales como las penas de utilidad pública.  
  • Crear una vinculación entre el sector privado y la población privada de libertad, que alinee sus capacidades con el sector productivo.  
  • Constituir una fase de egreso y seguimiento post-penitenciario formal con apoyo de la institucionalidad.  
  • Registrar y comunicar datos confiables para utilizarse en la toma de decisiones. 
2. Tecnología contra la delincuencia

Incrementar las penas para aquellos que se desempeñan como agentes de seguridad, en cualquiera de sus modalidades, y que se demuestre vinculado o como actor de ilícitos, sobre todo si esos actos delictivos se facilitan durante el cumplimiento de sus funciones. 

Aumentar el uso de la tecnología porque en Costa Rica ya existe tecnología contra la delincuencia, pero no es utilizada adecuadamente: 

  • Los escáneres en los puertos para luchar contra el trasiego de drogas y el contrabando. 
  • La instalación y operación de cámaras de vigilancia, en su mayoría operadas por la municipalidad respectiva en convenio de cooperación con la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y otros cuerpos policiales. 

La protección de los costarricenses no es necesariamente un problema de falta de recursos, por lo que proponemos una mejor distribución y gestión de los recursos disponibles para los diferentes cuerpos de rescate y seguridad. Por ejemplo, deberíamos lograr para la Cruz Roja niveles de financiamiento satisfactorios como los que goza benemérito cuerpo de bomberos. 

3. Apoyo a la gestión 

Debemos mejorar la infraestructura de las delegaciones de las autoridades policiales.  

Es importante diseñar e implementar un programa efectivo para brindar protección y anonimato a los oficiales que trabajan en operaciones encubiertas o en sectores de alto conflicto y crimen organizado. En el ámbito policial se deben mejorar las condiciones salariales y de las delegaciones de los policías, en vista de la urgencia de la seguridad pública, propondremos eximir del enganche salarial del cuerpo médico del salario de los policías.  

Proponemos modificar la normativa vigente para garantizar a los oficiales de policía y personal de atención de emergencias, que a partir de 25 años activos de servicio operativo o cuando las condiciones emocionales o de salud así lo ameriten, podrán optar por la reubicación dentro de la misma institución a la cual pertenecen, en labores menos demandantes físicamente como operar frecuencias, intendencias, oficialías o labores administrativas, estratégicas o de planeamiento. De esta manera se puede aprovechar el conocimiento y la amplia experiencia de los oficiales sin que se vean obligados a realizar labores operativas cuando ya por edad o condiciones especiales, este trabajo se vuelve muy difícil de realizar. Para aquellos oficiales que no pueden aprovechar estas oportunidades, es necesario implementar un programa de reubicación profesional que los oriente sobre las posibilidades de cursos y capacitaciones existentes y las oportunidades de apoyo para el emprendimiento, todo según el interés del oficial dado de baja.  

Es importante fortalecer la unidad de asuntos internos, la cual debe evitar la persecución y el acoso laboral pero al mismo tiempo debe permitir detectar, neutralizar y excluir a quienes utilizan el uniforme para cooperar con la delincuencia, ya sea facilitando información o ejecutando labores u omisiones en favor del crimen organizado, sea en su tiempo libre o durante su jornada laboral. Apegados al debido proceso, debe excluir y penalizar de forma agravada a todo aquel servidor que incurra en este tipo de delitos. 

Con respecto a la situación de los portadores legales de armas, pensamos que se debe castigar rigurosamente a los infractores de la ley de armas vigente y trabajar en desarticular el mercado negro de armas de fuego que ha cobrado fuerza, sobre todo en los últimos años. La situación de los beneficios carcelarios es caótica, ante la sobrepoblación carcelaria, se ha vuelto cada vez más frecuente la colocación de tobilleras y el otorgamiento del beneficio de casa por cárcel, pero no hay suficiente personal ni el sistema adecuado de monitoreo que garantice el cumplimento de esas medidas, para los privados de libertad que no representen una amenaza latente para la sociedad. Razón de lo anterior, re asignaremos funcionarios de los cuerpos policiales a verificar las medidas de cumplimiento de las restricciones impuestas por tobilleras.  

Se propone que el Ministerio Público, el OIJ y el Departamento de Ciencias Forenses sean entes que funcionen independientemente de las cortes de justicia (excepto en la función administrativa), para garantizar la independencia investigativa.  

Debemos preparar nuestras fuerzas policiales para luchar contra delitos cibernéticos, incluyendo la pornografía infantil, la trata de personas, el narcotráfico. Nuestra policía debería estar a la vanguardia en tecnología y organización para llevar a cabo una eficiente labor de represión de este tipo.  

Debemos apostarle más a la prevención, a la recuperación de espacios públicos, a sensibilizar y capacitar a las comunidades para que trabajen de la mano con las autoridades. Se debe trabajar en los centros educativos, con los niños, jóvenes y educadores para que la sensibilización y la empatía se cultive desde la más temprana edad. 

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