¿Qué significa “instigación pública”?

Juicio contra Albino Vargas se realizó esta semana 

La definición propia del verbo “instigar” dicta que es la acción de inducir a alguien a una acción, generalmente negativa. 

La instigación pública contra la tranquilidad pública está tipificada en el artículo 280 del Código Penal de Costa Rica de la siguiente manera: 

“Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca.” 

El término estuvo presente en la agenda mediática esta semana pues el Ministerio Público acusó por presuntamente haber cometido estos delitos, al secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas. 

Los hechos 

Los abogados Rubén Hernández y Gloria Navas acusaron a Vargas, en representación del grupo Movimiento Ciudadano CR, por unas declaraciones de Vargas durante el Encuentro Multisectorial del 2019 realizado en la Conferencia Episcopal. 

“Hay que proponer un gran paro nacional, pero de verdad, no de pasarela, cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean”, son las declaraciones que se le achacan a Vargas. 

En ese entonces se protestaba contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el proyecto de ley de empleo público y la salida del entonces ministro de Educación, Edgar Mora, 

La Fiscalía y la Procuraduría solicitaron un año de prisión como pena y el pago de 1 millón de colones por los perjuicios sociales ocasionados, en el juicio que comenzó el lunes, 6 de diciembre. 

¿Por qué no calza como instigación pública?  

El secretario de la ANEP fue absuelto de las acusaciones, pues la contraparte no pudo probar que las declaraciones de Vargas fueran, en efecto, instigación pública. 

En la lectura de la sentencia, la jueza Lorena Blanco, explicó que para que se considere instigación a un delito es necesaria la propuesta de una “acción delictiva concreta, no hacer un llamado abstracto a la movilización social”. 

Vargas fue absuelto tanto de la pena de prisión, como del pago económico equivalente a los daños sociales. Los costos del juicio se trasladan al Estado. 

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