Reforma al Empleo Público: la protagonista en las negociaciones con el FMI

Si hay una expresión que ha estado de moda como parte de los debates para superar la crisis financiera y el déficit fiscal es la de “reforma estructural”. Es decir, cambios que no solo representen una “curita” a la situación económica, sino que garanticen una modificación a la raíz de los problemas económicos del país.

De esta manera, y como parte de esos cambios estructurales, la propuesta estrella del Poder Ejecutivo es hacer reformas en el empleo público. Esto permitiría no solo reducir, sino también optimizar el gasto público.

Muchos sectores han ejercido presión para que se contenga el gasto desde la reducción de pluses e incentivos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo del cual Costa Rica es parte desde el año 2020, también recomendó hacer reformas estructurales en este campo.

Actualmente, este proyecto de ley es la piedra angular de la propuesta realizada por el Gobierno al FMI para obtener el crédito ampliado de 1750 millones de dólares. Sin embargo, en octubre del 2020, cuando se anunciaron las condiciones de negociación, muchos sectores se manifestaron en contra de la propuesta, lo que derivó en manifestaciones masivas en las calles.

A raíz de lo anterior, el Gobierno detuvo la negociación y después de varios meses anunció una nueva propuesta en la que incluye la aprobación de esta ley como el eje principal de la propuesta.

Pero, ¿Por qué la ley de reforma empleo público es tan relevante en este proceso?, ¿qué propone? y ¿cómo afecta a los empleados públicos?

Empecemos por enumerar algunas generalidades.

Lo primero que propone el proyecto es crear un consejo técnico conformado por especialistas de diversas instituciones, como MIDEPLAN, que tenga una tarea constante de asesoría en materia de empleo público.

Adicionalmente, se crearía una base de datos que brinde información relevante en cuanto a puestos públicos, como sus empleados y sus respectivos perfiles laborales y demográficos.

De igual manera, el proyecto pretende la conformación de un régimen general que aplicará para los empleados públicos, dividido a su vez en ocho categorías. La primera sería para la mayoría de los trabajadores públicos y las restantes siete serían especiales, divididas en los siguientes campos: ciencias de la salud, policías, educadores, universidades públicas, Poder Judicial, servidores de confianza y Servicio Exterior.

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Contratación y Reclutamiento

El proyecto establece los criterios que se tomarán en cuenta al momento de la contratación de nuevos empleados públicos. En él se señala que los procesos deben darse de manera abierta y estar basados en los méritos y competencias de los postulantes.

Para determinar qué tan idóneo es quien pretende ser empleado público, se valorará a la persona en distintas pruebas, incluyendo una práctica de al menos tres meses.

Es importante tener en cuenta que esto aplicará durante 12 meses una vez que entre en vigencia la ley, es decir, aquellas personas que se encuentran actualmente en procesos públicos de contratación no se verían afectadas por los principios de este proyecto.

En cuanto a este apartado, el proyecto también plantea la posibilidad de que una institución pública contrate personal de manera temporal solo para labores extraordinarias, es decir, los organismos públicos no podrán sumar empleados para trabajos ordinarios, propios de su quehacer diario.

A excepción del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias, las cuáles sí podrían hacer contrataciones de labores ordinarias.

Traslados

Será posible realizar un traslado, tanto a nivel interno de una institución pública como una migración hacia otra entidad estatal. Sin embargo, esto responderá a un interés público y a la naturaleza del puesto en cuestión, por lo que quedarán excluidas aquella plazas con restricciones específicas según su propia naturaleza.

Puestos de Dirección

El nombramiento para puestos de dirección se realizará bajo lineamientos que permitan seleccionar a las personas con los más altos perfiles. De igual manera, para aspirar a un puesto de dirección, el postulante deberá pasar por un periodo de prueba de seis meses y su nombramiento sería de un máximo de seis años, con la posibilidad de una extensión anual, según las evaluaciones que se realicen sobre su labor.

La iniciativa también señala la importancia de una igualdad en el nombramiento de hombres y mujeres para puestos de dirección, con el fin de cumplir con procesos equitativos y que brinden oportunidades para cualquier persona.

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Salarios

Este es el apartado más controversial de la propuesta de empleo público presentada por el Gobierno. Se parte de la base de que dos personas que realicen un mismo trabajo deben, por lo tanto, tener un salario igual, independientemente de la institución en la que laboren.

Para lograr lo anterior, el proyecto propone un salario global que tomará en cuenta las funciones, las responsabilidades, la complejidad y otros factores propios del puesto.

Con esto, se pretende estandarizar los salarios en todo el aparato público. Para lograrlo, se plantea que quienes se encuentran actualmente con salarios mayores al planteado en el salario único, no recibirán aumentos hasta que sus ingresos se equilibren con el salario global.

De igual manera, aquellas personas que perciban un monto menor a este salario mantendrán sus ingresos y seguirán disfrutando de los aumentos referentes a anualidades hasta que se equiparen al salario global.

En un principio, se había solicitado que quienes recibían menos que el salario global pudieran pasarse a la nueva modalidad y así ganar más, sin embargo, el propio Gobierno solicitó que esto no fuera posible, ya que significaría un gasto difícil de asumir en los primeros años de entrada en vigencia de la ley.

28.000 funcionarios públicos quedarían por debajo del salario global y, en caso de recibir un ingreso mayor de manera, automática significaría un aumento de 32.000 millones de colones anuales en el gasto público.

Fuente: Datos del Gobierno

Despidos

Una de las propuestas de este proyecto de ley establece una nueva causa de despido para empleados públicos. Se trata de un mecanismo que evaluará a los funcionarios según su desempeño de manera anual y quienes obtengan calificaciones menores al 70%, durante dos años consecutivos, podrán ser cesados de sus puestos.

La calificación brindada a los funcionarios deberá contar con una detallada justificación por parte de sus respectivas jefaturas, con el fin determinar las causas de las notas menores al 70% y que, por lo tanto, pueda brindarse apoyo a los empleados públicos de cara a la siguiente evaluación.

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Es importante tener en cuenta que un despido por mal desempeño se considerará justificado y sin responsabilidad laboral, por lo que se perderían los derechos laborales, con excepción de las especificaciones de la naturaleza del puesto y los derechos adquiridos conforme a los regímenes de pensiones vigentes.

Vacaciones

Como parte del proyecto de ley, el Gobierno plantea que, luego de cinco años de trabajo público, las personas puedan tener un máximo de 20 días hábiles de vacaciones. De esta manera, se imposibilita que las instituciones utilicen cualquier tipo de mecanismos para aumentar estos días. Además, se establece que ningún funcionario público podrá acumular más de dos períodos de vacaciones.

Los trabajadores del sistema educativo, tanto docentes como técnicos y administrativos, seguirán gozando de sus vacaciones correspondientes al cierre del curso lectivo y a las de medio año, dos semanas durante el mes de julio. Es importante señalar que el director del centro educativo podrá convocar a los empleados del mismo a actos de clausura, de apertura y cualquier otro evento pertinente para la institución.

Este proyecto de ley ha generado pronunciamientos por parte de distintas organizaciones, como las universidades públicas, quienes anunciaron manifestaciones contra la propuesta porque consideran que violenta su autonomía. De igual manera, los sindicatos también han mostrado oposición y alegan que esta iniciativa evitaría negociaciones profundas en convenciones colectivas.

Otro ente que se posicionó en contra es la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Esta organización señaló que la propuesta contiene vicios legales que podrían derivar en denuncias en contra del Estado.

Resumen de los principales puntos

¿Cree que los trabajadores por debajo del salario único tienen derecho a que su salario aumente automáticamente?

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