Solicitud de código QR no es discriminatorio, dice Sala IV

  • Magistrados han destacado la importancia de la vacunación en múltiples ocasiones 

La Sala Constitucional rechazó por el fondo un recurso de amparo contra la solicitud de código QR o carné de vacunación como requisito para ingresar a comercios. 

El recurso fue interpuesto por un sujeto que alegó que CCM Cinemas de San Ramón le solicitó el código QR como requisito de ingreso a una película el 5 de diciembre pasado.  

El hombre, quien asistió en compañía de su pareja y su hija, manifestó que el código QR no podía ser solicitado hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo resolviera la objeción presentada por los empresarios turísticos sobre la obligatoriedad de solicitar el documento para verificar el estatus de vacunación de los usuarios. 

El recurrente argumentó que la solicitud del código: 

  • Propicia la segregación familiar y social, la separación de la familia base de la sociedad costarricense 
  • Invade la privacidad y confidencialidad médica de cada individuo 
  • Genera daño psicológico a la persona menor de edad que no entiende por qué su papá debe separarse de ver una película familiar y de derecho confidencialidad médica 

Por estas razones, el sujeto pidió ser indemnización por daño psicológico y mora a su hija y pareja por ¢10 millones más costas de abogado del proceso.   

Además, solicitó condenar el Estado por la suma de ¢50.000.000 por “no proteger la familia costarricense y más bien favorecer la destrucción y separación de las mismas con actos contrarios a lo establecido en la Constitución Política”. 

No obstante, la Sala Constitucional determinó, por unanimidad, que la petición del código QR no resulta contraria al Derecho de la Constitución.  

“En este sentido, cualquier establecimiento comercial o asociación privada tiene la posibilidad de imponer sus reglas de admisión, siempre y cuando no resulten abiertamente discriminatorias, injustificadas o desproporcionadas”,

indicaron los magistrados en una sentencia del 14 de enero.  

Así pues, la Sala descartó que la presentación del esquema de inmunización completo contra covid-19 como requisito para ingresar a un comercio no constituye una medida abiertamente discriminatoria, infundada o irrazonable. 

“No está de más señalar que no es propio de esta jurisdicción definir si se está incumpliendo o no una orden jurisdiccional de algún tribunal común (lo cual podrá ser alegado en la vía ordinaria); sin embargo, en aplicación del control de constitucionalidad, sí corresponde a la Sala valorar la posible inconstitucionalidad de este tipo de medidas, lo cual se descarta en el sub lite”,

dijeron los magistrados.  

En este sentido, los magistrados han reconocido en múltiples ocasiones la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado, con el fin de proteger el derecho a la salud de los ciudadanos, resguardar la salud y prevenir enfermedades; aspectos que justifican la obligatoriedad de las vacunas. 

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